La Legislatura provincial revocó la cesión de terrenos y el gobierno de Quintela pretende terminar las obras por su cuenta para evitar que vayan a subasta nacional. Desde la Cámara de Diputados advierten que la Nación invirtió millones en la construcción y que la jugada terminará en los tribunales.
Mientras el Gobierno nacional avanza con su plan de liquidar los activos del fondo fiduciario Procrear a través de subastas online, en La Rioja se gesta un foco de conflicto que amenaza con judicializar el ladrillo. La administración de Ricardo Quintela activó un operativo de «recuperación» de tierras para quedarse con el control de unas 300 viviendas en construcción en la capital provincial, desafiando abiertamente la estrategia de la Casa Rosada.
El nudo del conflicto radica en la Ley provincial 10.808, sancionada en julio de este año, mediante la cual la Legislatura riojana revocó la transferencia de los terrenos que originalmente se habían cedido al fideicomiso nacional para el desarrollo urbanístico. El argumento oficial es pragmático: como el gobierno de Javier Milei disolvió el fondo y paralizó las obras, la provincia retoma la posesión de la tierra para finalizar las casas con fondos propios.
«No es lo mismo un lote que una casa»
Sin embargo, la maniobra encendió las alarmas en la oposición local. La diputada provincial Gabriela Rodríguez presentó un pedido de informes advirtiendo sobre la fragilidad jurídica de la medida. «Es sencillo de interpretar: si usted pone el terreno y otra persona viene y construye, no vale lo mismo el lote que la edificación. La Nación puso la plata para levantar esas paredes», explicó la legisladora en diálogo con Fénix Multiplataforma.
El temor es que la Nación, al ver afectados sus activos (la construcción financiada con el crédito del Bicentenario), inicie una demanda judicial millonaria contra la provincia. «Seguramente vamos a tener otro problema judicial. No se puede revocar un convenio de esta magnitud unilateralmente por una ley provincial, desconociendo la inversión realizada por el otro Estado», alertó Rodríguez.
Guerra de porcentajes y futuro incierto
La disputa también se libra en el terreno de los números. Mientras el gobierno provincial asegura que las viviendas tienen un avance de apenas el 35% al 40% —lo que las dejaría fuera del radar de las subastas nacionales, enfocadas en obras con más del 90% de ejecución—, desde la oposición recuerdan informes previos que hablaban de un grado de avance mucho mayor, cercano al 80% o 90% en la zona suroeste de la capital.
La incertidumbre golpea directamente a los riojanos que soñaban con la casa propia. Hoy, nadie sabe a ciencia cierta dónde anotarse: si esperar la subasta digital de la Nación o confiar en la promesa de adjudicación de la provincia.
Lo concreto es que La Rioja intenta blindar su territorio de la «motosierra» inmobiliaria de Milei, pero lo hace caminando por una cornisa legal. Si la Casa Rosada decide pelear por cada peso invertido en esos ladrillos, la provincia podría enfrentar un juicio que le costará mucho más que el valor de la tierra que intenta recuperar.
