El exministro de Infraestructura y actual propietario de Medios Fénix se defendió de las acusaciones de desvío de fondos y negociaciones incompatibles. Aseguró que todas las obras se realizaron, que las cuentas fueron aprobadas hace una década y apuntó contra la selectividad de la Justicia: «Me llama la atención que solo se cuestione a las ONG de esa época y no a las de funcionarios actuales».
La reactivación de una causa judicial que parecía archivada ha sacudido el tablero político de La Rioja. Néstor Gabriel Bosetti, exministro de Infraestructura y figura central de la política provincial, salió al cruce de su imputación en la investigación federal por el presunto manejo irregular de fondos públicos a través de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En una entrevista exclusiva con su propio medio, Fénix Multiplataforma, Bosetti se mostró sorprendido por la medida, defendió la transparencia de su gestión y sugirió una intencionalidad política detrás de la acusación.
Sorpresa y defensa de la gestión
«Me sorprendió, por supuesto, toda vez que nunca fui citado a declarar anteriormente», afirmó Bosetti al ser consultado sobre la noticia. El exfuncionario recordó que la investigación data de hace casi 10 años y que, en su momento, no prosperó debido a que se presentó toda la documentación respaldatoria. «Cada movimiento bancario tiene su trazabilidad en dinero, tiene su factura, tiene su rendición de cuenta», explicó, asegurando que cuenta con las aprobaciones trimestrales y anuales del Tribunal de Cuentas de la provincia.
Bosetti cuestionó lo que considera una «liviandad» en las acusaciones de la fiscalía, argumentando que se miran los montos pero se ignoran las obras ejecutadas. «Las obras en La Rioja están realizadas todas, están entregadas todas», sentenció, enumerando logros de su gestión como la construcción de viviendas, escuelas, electrificación rural y asfaltado urbano.
El sistema de las ONG y la «trazabilidad»
Uno de los puntos centrales de la acusación es el uso de ONGs para la administración de fondos. Bosetti defendió este mecanismo como una herramienta legal y necesaria para sortear la burocracia estatal y acelerar la ejecución de obras en un contexto económico difícil, marcado por la falta de materiales. «No es un sistema perverso como lo quieren hacer ver, es un sistema que acorta tiempos», justificó.
El exministro detalló el circuito administrativo, explicando que los fondos nacionales ingresaban a la provincia y se regían por normas locales, pasando por el Ministerio de Hacienda, Infraestructura y finalmente las ONG, siempre bajo el control del Tribunal de Cuentas.
La polémica por la empresa familiar
Sobre la imputación por «negociaciones incompatibles» debido a la contratación de la empresa constructora propiedad de su hermano y su primo, Bosetti fue tajante: «No tengo relación con la empresa constructora… no tengo dividendos, no retiré cosas, no tengo propiedades en común, no tengo nada». Argumentó que la firma tiene una trayectoria de décadas trabajando con distintos gobiernos provinciales, desde la época militar hasta la gestión actual de Ricardo Quintela, y que las licitaciones se ganaban por precio y capacidad técnica, no por parentesco.
«Tufillo político»
Hacia el final de la entrevista, Bosetti no esquivó la lectura política del caso. «Todo en esto es política, afortunada o desgraciadamente», disparó. El empresario de medios sugirió una selectividad en la investigación judicial, señalando que el ministerio trabajó con más de 70 ONG, pero solo se cuestiona a un grupo específico vinculado a su gestión, mientras que «hay muchas ONG de muchos funcionarios actuales que han trabajado en este momento y no están cuestionadas».
Para Bosetti, la reactivación de esta causa una década después tiene un claro objetivo de desprestigio, aunque se mostró confiado en que el proceso judicial aclarará la situación. «Estoy ajustado a derecho y voy a responder tantas veces como sean necesarias», concluyó.
