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Visitas carcelarias en La Rioja: jueza descarta demoras y desactiva las versiones de «hacinamiento procesal» en el penal

Tras la inspección semestral en el Servicio Penitenciario Provincial, la magistrada Cecilia Córdoba aseguró que no hay presos «olvidados» en su juzgado y que las causas están al día. Mientras tanto, avanza la investigación por supuesta corrupción en el Tribunal Superior.

En medio de un clima de tensión por reclamos salariales de los agentes penitenciarios, la Justicia de La Rioja cumplió con el ritual semestral de inspección en las cárceles provinciales. La jueza de Instrucción María Cecilia Córdoba, a cargo del Juzgado N° 1, encabezó una de las comitivas y salió al cruce de las versiones sobre supuestas demoras en el tratamiento de las causas de los internos.

«Las visitas se dieron con total normalidad. Hemos verificado las condiciones de detención y escuchado a los procesados. No hubo ningún tipo de situación fuera de lo habitual», aseguró la magistrada en diálogo con Fénix Multiplataforma, tras recorrer los pabellones junto a sus pares de instrucción y funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Causas al día y reclamos familiares

Córdoba fue tajante respecto a los plazos judiciales, un tema sensible en el sistema penal. «En mi juzgado visité solo a cinco personas y todas tienen causas de este mismo año. No existe dilación procesal; no estamos hablando de detenidos que llevan tres años esperando una resolución», afirmó, diferenciando su gestión de los históricos problemas de morosidad judicial.

Según la jueza, los reclamos recibidos durante la recorrida no apuntaron a las causas, sino a cuestiones humanitarias: mujeres que pidieron ver a sus hijos o traslados para atención médica, solicitudes que, aseguró, «ya están en trámite».

La sombra de la corrupción en el TSJ

Pero la agenda de Córdoba no se agota en los pabellones. La jueza confirmó que tiene en sus manos una «papa caliente»: la denuncia presentada por el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Claudio Saúl, para que se investigue un presunto pedido de coimas por 80.000 dólares que involucraría al máximo órgano judicial de la provincia.

«Hoy tengo audiencias clave por ese tema. Se está trabajando para esclarecer lo que se dijo públicamente», deslizó la magistrada, manteniendo el hermetismo propio del secreto de sumario pero confirmando que la investigación avanza a paso firme en los tribunales riojanos.

Además, Córdoba ratificó la imputación de tres profesionales, entre ellos la directora del servicio de Salud Mental, en la causa por presuntos abusos en el Hospital Enrique Vera Barros, otro expediente que sacude la institucionalidad local.

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