La Casa Rosada logró el apoyo de los legisladores de Santiago del Estero y descuenta la aprobación de la ley antes de fin de año. La norma legalizará la deuda con el FMI y el swap con EE.UU., pero impone una regla fiscal que amenaza con recortar fondos automáticos a las provincias opositoras.
El Gobierno nacional cree haber encontrado la llave maestra para cerrar su año legislativo más complejo. En los despachos de la Casa Rosada ya no hacen cuentas con angustia: aseguran que «los votos están» para aprobar el Presupuesto 2026 en la segunda quincena de diciembre. El optimismo se fundó tras un acuerdo político de alto impacto con Gerardo Zamora, gobernador de Santiago del Estero, cuyos legisladores aportarán las manos necesarias para blindar el plan económico de Javier Milei.
Este pacto reconfigura el mapa de poder del Norte Grande y deja a La Rioja en una posición de extrema debilidad política. Mientras sus vecinos negocian gobernabilidad a cambio de reactivación de obra pública, la administración de Ricardo Quintela queda como el último bastión del rechazo duro, enfrentando ahora un presupuesto que legaliza el endeudamiento y prohíbe el auxilio financiero por emisión.
El fin de la «ilegalidad» financiera
Para el equipo económico de Luis «Toto» Caputo, la sanción de la ley es mucho más que una hoja de ruta de gastos: es un paraguas legal. La aprobación del Presupuesto validará automáticamente todos los actos administrativos financieros de los primeros dos años de gestión libertaria, blindando a los funcionarios de futuros juicios por mal desempeño.
El punto central es la deuda. La ley permitirá «blanquear» legislativamente dos acuerdos claves que hasta ahora se sostenían con alfileres jurídicos:
- El acuerdo con el FMI: Legalizará el programa de Facilidades Extendidas firmado en abril, que implica un endeudamiento extra de US$ 20.000 millones. Esto permite sortear la «Ley Guzmán» de 2021, que obligaba a pasar cualquier nueva deuda por el Congreso.
- El Swap con Estados Unidos: Avalará el rescate financiero del Tesoro norteamericano (conducido por Scott Bessent) y el incremento de pasivos asociado, vital para afrontar los vencimientos de US$ 4.300 millones en enero.
La trampa para La Rioja: la «Regla de Estabilidad»
El impacto para las cuentas riojanas no vendrá solo por el aislamiento político, sino por la letra chica del proyecto. El Presupuesto 2026 incluye una «regla de estabilidad fiscal»: si los ingresos nacionales caen o los gastos suben, las partidas se ajustarán automáticamente para mantener el equilibrio.
Para una provincia que depende en un 86% de los recursos nacionales, esta cláusula es letal. Significa que, ante cualquier turbulencia recaudatoria, la Nación tendrá la facultad legal de recortar transferencias sin necesidad de negociación política. Además, el texto prohíbe expresamente que el Tesoro se financie con emisión del Banco Central, eliminando definitivamente la posibilidad de los ATN discrecionales (el famoso «Plan Platita») que históricamente sirvieron de salvavidas para pagar sueldos y aguinaldos en la provincia.
Los números del ajuste que se viene
El Gobierno proyecta para 2026 un superávit primario del 1,5% del PBI y una inflación anual del 10,1%, con un crecimiento económico del 5%.
La ecuación es clara: el oficialismo consiguió los votos de LLA, el PRO, radicales y ahora los santiagueños de Zamora para imponer este esquema. Los gobernadores «dialoguistas» ya están punteando sus obras; los que quedaron afuera del acuerdo, como La Rioja, deberán afrontar un 2026 con un grifo de fondos cerrado por ley y sin margen para el pataleo político.
