Unos 55 trabajadores iniciaron una protesta en los accesos del centro de salud. Advierten que la nueva firma, proveniente de Tucumán, los obliga a renunciar a su antigüedad e indemnizaciones para ser reincorporados. Apuntan a una interna sindical y exigen la intervención de Trabajo.
Un conflicto laboral escaló en las últimas horas en el corazón sanitario de La Rioja. El ingreso al Hospital Enrique Vera Barros, sobre la calle Teresa de Calcuta, amaneció con una protesta pacífica pero firme: más de 50 empleados de seguridad privada se manifestaron para denunciar la incertidumbre laboral que atraviesan tras el cambio de la empresa concesionaria del servicio.
La raíz del reclamo es el traspaso de la firma «Prevenir», cuyo contrato finalizó, a la empresa «Omega», oriunda de Tucumán. Según el testimonio de los delegados gremiales presentes en el lugar, la nueva compañía estaría imponiendo condiciones que vulneran los derechos adquiridos de los vigiladores.
«Juegan con la necesidad de la gente», disparó Roque, uno de los referentes de la protesta, en diálogo con Fénix Multiplataforma. La denuncia central apunta a una maniobra que califican de extorsiva: para ser absorbidos por la nueva prestadora y mantener su fuente de trabajo, los empleados deben renunciar formalmente a su puesto anterior, perdiendo así la antigüedad y el derecho a indemnización por parte de la empresa saliente.
Interna gremial y sospechas
El conflicto destapó, además, una fuerte interna sindical. Los manifestantes, apoyados por el gremio UPSRA, señalaron que detrás de la empresa «Omega» habría intereses cruzados. Según denunciaron ante los micrófonos, la firma tucumana estaría vinculada a un referente del sindicato rival (URRA), lo que generó suspicacias sobre la transparencia de la licitación y la falta de defensa de los trabajadores.
«Es una falta de respeto que traigan una empresa de afuera habiendo empresas riojanas, pero lo más grave es que vienen a no pagar la escala salarial y a borrar los derechos de los compañeros», agregaron desde la manifestación.
Mientras la protesta se mantenía en los accesos —sin bloquear el paso de pacientes ni personal médico—, una delegación gremial mantenía una reunión clave en la Secretaría de Trabajo de la provincia. El objetivo es destrabar el conflicto y garantizar que el traspaso de mando no implique la pérdida de beneficios laborales para las 55 familias que hoy dependen de esa fuente de ingreso.
La situación expone, una vez más, la precariedad en los servicios tercerizados del Estado, donde los trabajadores quedan a menudo como rehenes entre licitaciones, cambios de firmas y disputas de poder sindical.
