Los gremios denuncian que el sueldo promedio es de $700.000, cifra que no cubre las necesidades básicas. Aseguran que los trabajadores «ya tienen gastado el aguinaldo» en deudas. Además del reclamo monetario, piden reformar el escalafón para descongelar la carrera administrativa.
El deterioro de los ingresos en La Rioja encendió todas las alarmas en el sindicalismo local. La CGT provincial lanzó una advertencia cruda al Gobierno: el salario promedio de la administración pública cayó a niveles alarmantes y hoy «roza la línea de la indigencia». Bajo este diagnóstico, el frente gremial unificado formalizó el pedido de una recomposición de 500.000 pesos al básico, rechazando de plano la oferta de sumas fijas o bonos de fin de año.
Daniel Mercado, uno de los triunviros de la central obrera, le puso números a la crisis: el sueldo promedio de un estatal riojano ronda los 700.000 pesos. «Estamos muy lejos de la canasta básica. El empleado público está endeudado; el aguinaldo que se viene ya está gastado para pagar pasivos», graficó el dirigente, exponiendo la asfixia financiera que viven los hogares.
«No queremos bonos, queremos sueldo»
La estrategia sindical cambió respecto a años anteriores. La CGT y los gremios estatales (Salud, Educación, Municipales y Viales) consensuaron que un bono es «pan para hoy y hambre para mañana». El pedido de $500.000 busca ser una recomposición salarial permanente que impacte en el bolsillo todos los meses y reactive el circuito económico local, hoy deprimido por la caída del consumo.
«El bono es por un solo mes. La necesidad de los trabajadores es que el dinero quede en la provincia de forma permanente», explicó Mercado. El reclamo cuenta con el respaldo de los 72 gremios de la confederación, incluidos los del sector privado, que ven en el sueldo estatal el motor de las ventas comerciales en la provincia.
El problema de fondo: un escalafón congelado
Más allá de la urgencia financiera, los gremios pusieron sobre la mesa un reclamo estructural: la reforma de la carrera administrativa. Según denunciaron, la actual ley de escalafón es obsoleta y deja a los empleados sin horizonte de crecimiento.
«La mayoría de los compañeros llegan a la categoría 24 y ahí se termina su carrera. No hay incentivos para seguir creciendo y eso impacta directamente en una jubilación mínima», detalló el titular de UPCN. La intención es avanzar hacia Convenios Colectivos de Trabajo que permitan blanquear ítems «en negro» y mejorar el haber jubilatorio a futuro.
Plazo hasta el viernes
El clima es de tensa espera. Si bien se retomó el diálogo institucional tras el parate electoral, los sindicatos establecieron un ultimátum. Aguardarán una respuesta concreta de la Casa de las Tejas hasta este viernes, cuando volverán a reunirse en asamblea.
El escenario para 2026 no es alentador. Con una provincia que depende al 100% de la coparticipación federal y la incertidumbre sobre las reformas laborales nacionales, los gremios buscan cerrar el 2025 con una mejora que les permita, al menos, empatarle a la inflación.
