El caso conmociona a la provincia tras la denuncia de una joven que descubrió los dispositivos de casualidad. En los allanamientos secuestraron casi 200 CDs y computadoras. La jueza a cargo explicó la dificultad para calificar el delito en el Código Penal.
Un hecho sin precedentes en La Rioja encendió las alarmas sobre la privacidad y la violencia de género digital. La Justicia investiga al dueño de un complejo de departamentos acusado de espiar a sus inquilinas a través de cámaras ocultas instaladas en las unidades, especialmente en los dormitorios. El caso se destapó cuando una de las víctimas descubrió los dispositivos por «mera coincidencia» tras vivir un año en el lugar.
La causa, que ya acumula tres denuncias, está en manos de la jueza de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2, Gisela Flamini, quien confirmó la gravedad de los hallazgos tras los primeros operativos. «Es el primer caso en La Rioja de estas características», aseguró la magistrada, reconociendo la consternación que el hecho generó tanto en el ámbito judicial como en la sociedad riojana.
El hallazgo: casi 200 CDs y equipos de filmación
Tras las denuncias, la Justicia ordenó un allanamiento en el domicilio del acusado, quien residía en el mismo complejo habitacional. El resultado del operativo fue contundente y refuerza la hipótesis de una conducta sistemática.
«Encontramos dos cajas con CDs, una con 80 y pico y otra con 90 y pico, dos computadoras y una filmadora», detalló Flamini. Estos elementos fueron secuestrados y serán peritados por la división de Delitos Complejos para determinar el contenido de las grabaciones y, fundamentalmente, el destino de las imágenes.
La investigación busca esclarecer si el material era para consumo personal o si existía una red de comercialización. «Lo principal que nos interesa es la motivación, el objetivo por el cual se grababan estas imágenes», explicó la jueza. De esto dependerá la calificación legal y el futuro procesal del sospechoso, quien permanece en libertad aunque ya fue notificado de la causa y se le impusieron medidas de restricción respecto a las denunciantes.
El desafío del «vacío legal»
Uno de los puntos más críticos que expuso el caso es la falta de tipificación específica para este tipo de delitos en la legislación argentina actual, a pesar de la vigencia de la Ley Olimpia que incorpora la violencia digital a la ley 26.485.
«Penalmente no tenemos un tipo penal específico que cumpla con todas estas características», admitió Flamini con preocupación. La magistrada explicó que en la jurisprudencia de otras provincias se ha intentado encuadrar estos hechos forzando figuras existentes: «Se han calificado por ejemplo como abusos simples de manera telemática o violación de domicilio de manera telemática, pero no hay sentencia firme».
La jueza subrayó que, ante la ausencia de una figura exacta en el Código Penal, la Justicia debe «rodear» el hecho para buscar una sanción. «Hoy necesitamos saber el resultado de esa pericia porque es relevante saber para qué los tenía: si lo conservaba solamente como simple tenencia para él o si los transfería, los enviaba o los comercializaba», agregó.
Temor y medidas de protección
Las inquilinas afectadas abandonaron el complejo inmediatamente después de radicar la denuncia. Según relató la jueza, las víctimas manifestaron situaciones sospechosas previas, como la sensación de que alguien ingresaba a sus viviendas cuando no estaban, algo facilitado por el hecho de que el dueño conservaba copias de las llaves.
Por el momento, el acusado mantiene la condición de «sospechoso» a la espera de que llegue el sumario completo al juzgado para ser formalmente imputado. Mientras tanto, la Justicia ha dispuesto medidas de protección y asistencia psicológica para las denunciantes a través de la Secretaría de la Mujer. «Es preocupante que la justicia vaya tan tarde, a contramano, y que demore tanto en legislar este tipo de cosas», concluyeron desde el medio local que dio a conocer la noticia.
