La fiscal Nadia Schargrodsky confirmó que hay una persona señalada por el fuego en Altos de la Infantería. Buscan endurecer las penas, que podrían llegar a los 15 años de prisión, y exigir a los condenados la reparación del ecosistema afectado.
La Justicia riojana avanza en la investigación de los incendios que afectaron recientemente a la capital provincial y confirmó que ya hay un sospechoso identificado por uno de los focos en la zona norte. La fiscal provincial con competencia ambiental, Nadia Schargrodsky, detalló que se están instruyendo causas por tres siniestros: uno en la zona sur, que arrasó con cerca de 3.000 hectáreas, y dos en la zona norte, en los barrios Altos de la Infantería y Chacras del Norte.
«En el de Altos de la Infantería ya tenemos ubicada quién es la persona que en principio habría cometido el ilícito», aseguró la funcionaria al medio Fénix Multiplataforma. Sin embargo, aclaró que en los casos de Chacras del Norte y la zona sur todavía se encuentran en etapa de recolección de pruebas, analizando cámaras de seguridad y testimonios para dar con los responsables.
Giro judicial: delito ambiental
La novedad en estas investigaciones radica en el cambio de enfoque por parte del Ministerio Público Fiscal. Si bien se imputa el delito de incendio (artículo 186 del Código Penal), se ha solicitado que se declare también como «daño ambiental».
Este tecnicismo legal tiene implicancias directas en la investigación y en la futura condena. «Nos da la posibilidad de una mayor amplitud probatoria. No solamente se analiza el daño que se le produce a los particulares, sino también el daño ambiental: la flora, la fauna, las napas freáticas y la contaminación del aire», explicó Schargrodsky.
Bajo esta figura, la condena no se limitaría a la prisión efectiva, sino que sumaría una obligación económica y ecológica para el culpable: «Tiene que recomponer el daño ambiental».
Penas de hasta 15 años
La fiscalía apunta a demostrar la intencionalidad de los hechos. «La imputación es delito doloso, nosotros vamos por la intencionalidad», afirmó la fiscal. Las penas para este tipo de delitos oscilan entre los 3 y 10 años de prisión, pudiendo elevarse hasta 15 años si existe peligro común para los bienes o las personas, o dependiendo de la naturaleza de la zona afectada.
Schargrodsky fue tajante respecto a las defensas que alegan accidentes o negligencia (culpa): «El desconocimiento de la ley no es excusa. Hay un manual de manejo de los incendios controlados, se tiene que pedir autorización».
Microbasurales en la mira
La nueva competencia ambiental permite a la Justicia ampliar el radio de búsqueda de responsables, alcanzando incluso a quienes arrojan basura de manera ilegal. Schargrodsky advirtió que si un incendio se propaga por la existencia de un microbasural, quienes lo formaron podrían ser considerados partícipes.
«Puedo ir días atrás y ver gente que llevaba basura. Esas personas también son partícipes, e imputarlos a ellos también por el daño ambiental», sentenció la fiscal.
Esta política criminal responde a una directiva del fiscal general Javier Vallejo para que el Ministerio Público tome un rol activo en la ecología, un área que antes se manejaba mayormente en el ámbito administrativo. «No es gratis. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias contra los autores y partícipes», concluyó.
