Leonardo Nieto, delegado gremial, acusó a las empresas contratistas de obligar a los trabajadores a renunciar a su antigüedad para conservar el empleo. Estiman que se perdieron indemnizaciones por $1.000 millones.
Una maniobra polémica sacude los pasillos del Hospital Vera Barros de La Rioja. El cambio de la empresa concesionaria de seguridad privada derivó en una denuncia por «fraude laboral» que involucra a 55 trabajadores, quienes habrían sido forzados a renunciar a sus derechos adquiridos para no quedar en la calle.
La denuncia fue realizada por Leonardo Nieto, delegado del gremio de seguridad, quien expuso la situación tras una audiencia en la Secretaría de Trabajo. Según el dirigente, el traspaso de la firma «Prevenir» a la nueva adjudicataria «Omega» se realizó bajo una condición extorsiva para los empleados: «Los obligaron a los 55 trabajadores a renunciar a su indemnización».
El modus operandi descripto apunta a que, para ser recontratados por la nueva firma, los guardias debieron enviar telegramas de renuncia, perdiendo así años de antigüedad. «Renunciaron a su derecho, renunciaron a 20 millones, renunciaron a 10 o 15 años de trabajo entregados porque tenían miedo», explicó Nieto, detallando que la amenaza implícita era que «si no renunciaban, no los tomaba la nueva empresa que viene de Tucumán».
Un ahorro de $1.000 millones a costa del trabajador
El impacto económico de la maniobra es multimillonario. Según los cálculos del gremio, considerando la antigüedad y los sueldos de los 55 agentes, el monto total de las indemnizaciones no pagadas asciende a una cifra sideral.
«Estamos hablando de 1.000 millones de pesos. Es muchísimo dinero», sentenció Nieto, quien además cuestionó la transparencia de la licitación y la falta de control estatal, sugiriendo que el proceso estuvo «viciado» desde el inicio.
«Entraron por la ventana»
El delegado gremial no ahorró críticas hacia las autoridades y las empresas involucradas, a quienes acusó de actuar en complicidad durante la audiencia de conciliación. «Iban ensayados. La empresa Prevenir conjuntamente con los otros actores iban ensayados», relató sobre la reunión en la cartera laboral.
Si bien la buena noticia es que «ninguno fue despedido» y los 55 guardias continúan prestando servicio, su situación contractual es precaria: están en «foja cero», sin antigüedad y expuestos a despidos sin costo.
Ante este escenario, el sindicato anticipó que judicializará el conflicto para reclamar lo que corresponde. «Nosotros lo vamos a judicializar y lo vamos a seguir a esto porque tienen que cobrar su indemnización. Si no, sale una empresa beneficiada», concluyó Nieto.
