La ex adjudicataria niega haber recibido las cinco notificaciones que alega el Gobierno y asegura que estaba pagando su deuda. «No me dieron la oportunidad de defenderme, fue todo muy injusto y rápido», sentenció.
Tras el polémico desalojo de una vivienda social en Chamical, Eva Martínez Catalán, la mujer afectada rompió el silencio para dar su versión de los hechos y desmentir las acusaciones de la delegación de Vivienda. En un descargo cargado de angustia, calificó el procedimiento como «muy incoherente y totalmente desprolijo» y negó haber sido notificada en tiempo y forma como sostienen los funcionarios.
«Esas supuestas cinco citaciones no las recibí. Si estuviesen, tendría que estar mi firma», afirmó tajante en una entrevista con medios locales. Según su testimonio, de las cinco notificaciones que el delegado Sergio Brizuela dice haber enviado, ella solo recepcionó una, la cual contestó presentando certificado de trabajo para justificar su ausencia en el horario de visita de los inspectores.
«El horario que trabajan los de vivienda es el mismo horario que trabajo yo. Por supuesto que no me iban a encontrar», explicó, denunciando que no hubo flexibilidad para coordinar una inspección cuando ella estuviera presente en el domicilio junto a sus tres hijos menores.
Deuda y «bloqueo» del sistema
Respecto a la morosidad, uno de los argumentos centrales para quitarle la casa, la mujer reconoció que adeudaba cuotas, pero aseguró que estaba en proceso de pago. «Hice un plan de pago, pagué bastantes cuotas. Hice un segundo plan y ya se había procedido», relató.
Su queja principal radica en la desigualdad de trato respecto a otros vecinos en situación similar. «A mis vecinos se les dio la oportunidad de ponerse al día, no me lo hicieron a mí», cuestionó. Además, denunció que cuando intentó continuar abonando, se encontró con trabas administrativas: «Cuando yo quise pagar, ya me había bloqueado el sistema».
Para la ex adjudicataria, el desalojo exprés esconde motivos que no terminan de salir a la luz. «Para mí acá hay algo interno, algo que no está siendo claro», deslizó, sugiriendo que la rapidez del procedimiento le impidió ejercer su derecho a defensa. «No me dieron el tiempo suficiente para hacerlo ni para defenderme».
El pedido a Quintela y los vínculos políticos
Aunque prefirió no confirmar si cree que existe una persecución política, la mujer apeló directamente al gobernador Ricardo Quintela, invocando la historia militante de su familia política. Recordó a su cuñado fallecido, el ex intendente Daniel «Negro» Elías, y a su sobrina, la actual concejal.
«Yo sé que el señor gobernador es muy bueno… Le estoy pidiendo por favor que me reciba, quiero contarle en confianza todo lo que ha pasado», suplicó.
Convencida de que hubo un «avasallamiento», aseguró tener pruebas y capturas de pantalla de sus intentos por comunicarse con los funcionarios para evitar el desenlace fatal. «Tengo todas las pruebas y todo junto para el momento que el señor gobernador me quiera recibir», concluyó.
