Tras la orden judicial de reabrir el diálogo, la provincia presiona para que la compensación por el punto de coparticipación figure en la ley de leyes. Negociaciones contrarreloj con Martín Menem y el Ministerio del Interior antes de la sesión en Diputados.
La relación financiera entre La Rioja y la Casa Rosada ingresó en una zona de definición crítica. Con el reloj corriendo en contra y el Congreso en plena actividad febril, la provincia atraviesa una semana clave para intentar blindar sus cuentas públicas en el Presupuesto 2026. El objetivo es claro: lograr que la Nación incorpore explícitamente los fondos extra coparticipables, un reclamo que cobró nueva fuerza tras el fallo judicial que obligó a ambas partes a sentarse a negociar.
Si bien el reciente encuentro entre las autoridades provinciales y los funcionarios nacionales sirvió para descongelar el vínculo institucional, desde La Rioja admiten que «no hubo anuncios concretos». La preocupación en la gobernación es palpable: sin esa inyección de recursos, el escenario fiscal para el próximo año se torna sombrío.
«Estos recursos resultan fundamentales para sostener el funcionamiento del Estado y garantizar servicios esenciales», advierten fuentes oficiales de la provincia, alertando que una eventual exclusión de las partidas en el texto final de la ley «profundizaría el impacto del ajuste» en un territorio que ya opera con las cuentas bajo máxima presión.
La batalla en el Congreso
El teatro de operaciones se trasladó esta semana al Congreso de la Nación. El lunes 15 se reactivaron las reuniones constitutivas de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal. La estrategia de La Libertad Avanza es acelerada: busca obtener los dictámenes necesarios este martes para bajar al recinto el miércoles 17 o jueves 18 de diciembre.
En este esquema, el legislador oficialista Alberto Benegas Lynch será ratificado como presidente de la comisión de Presupuesto, donde se pasará a la firma el dictamen de la «ley de leyes». Es en este articulado donde los legisladores riojanos intentan insertar su cláusula de salvataje.
El pedido formal ya está en los despachos de dos hombres clave del oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli. La solicitud exige la reincorporación de los fondos correspondientes al punto de coparticipación cedido históricamente por la provincia, una deuda que acumula dos años de impagos.
Agenda paralela
Mientras se define la suerte de los fondos riojanos, el oficialismo intenta reordenar el temario de las sesiones extraordinarias. Aunque la oposición había forzado un dictamen previo el pasado 4 de noviembre, ese despacho perdió estado parlamentario por la inacción del período ordinario. Ahora, el oficialismo solo debe repetir el trámite administrativo para dejar la iniciativa lista para votar.
En paralelo, la Comisión de Legislación Penal abordará el proyecto de «principio de inocencia fiscal», que propone elevar el piso de punibilidad por evasión de 1,5 a 100 millones de pesos. Sin embargo, para La Rioja, la única cifra que importa esta semana es la que garantice la gobernabilidad de su provincia en 2026.
