Tras conocerse el borrador de la nueva Ley de Libertad Educativa que impulsa el Gobierno, el Ministerio de Educación provincial advirtió sobre el «corrimiento del Estado». Denuncian que la igualdad escolar pasará a ser «una lotería» y advierten por los derechos docentes.
La tensión entre las provincias y la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo, esta vez centrado en las aulas. Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el envío al Congreso de la Ley de Libertad Educativa —iniciativa que busca derogar la actual Ley de Educación Nacional—, desde el gobierno de La Rioja encendieron las alarmas. Advierten que la reforma implica un cambio de paradigma hacia un modelo privatista que desmantela el rol del Estado y vulnera derechos laborales históricos de los docentes.
El análisis surgió desde el propio Ministerio de Educación riojano. Marisa Díaz, asesora de la cartera, trazó un diagnóstico severo sobre el borrador oficialista en declaraciones a Radio La Torre. Según la funcionaria, el corazón de la propuesta radica en un «corrimiento del Estado nacional», que abandonaría su función de garante principal para adoptar un rol meramente subsidiario, trasladando la responsabilidad a las familias y a las provincias de forma individual.
«Se transforma la noción de educación obligatoria y se reemplaza por una educación básica con contenidos mínimos», explicó Díaz, señalando que la normativa introduce una «fuerte libertad» para que cada institución diseñe su propio modelo. Para la provincia, esto altera las bases mismas de la organización escolar: «Es un modelo completamente distinto que modifica el financiamiento y las responsabilidades del sistema».
El mercado en el aula
La crítica más dura desde La Rioja apunta a la mercantilización del sistema. «Si el Estado se retira, alguien ocupa ese lugar: el mercado», sentenció la asesora, quien advirtió que la reforma habilita un «negocio educativo» donde el aprendizaje queda supeditado a la capacidad de resolución de cada familia. Incluso, cuestionó duramente la validación de la educación en el hogar mediante plataformas digitales que, alertó, «ni siquiera tendrían que estar radicadas en Argentina».
En este esquema, la reaparición de los vouchers educativos y la autonomía absoluta de las escuelas para definir planes de estudio y carga horaria generan preocupación sobre la equidad. «La igualdad educativa pasará a ser una lotería», graficó Díaz.
La funcionaria contrastó el modelo actual con la propuesta libertaria: «Hoy cualquier niño tiene su lugar asegurado en la escuela pública, con docentes y condiciones mínimas. Con este modelo, dependerá del plantel docente, de los intereses de los padres y de la capacidad organizativa de cada escuela».
Injerencia y derechos laborales
El alerta provincial también abarca el frente gremial. Desde el Ministerio sostienen que el proyecto conlleva una «precarización del sistema» que atenta contra el estatuto docente, introduciendo nuevas formas de contratación y otorgando a las familias un poder inédito: la facultad de intervenir en la designación de directivos. «Nunca hubo en Argentina un nivel tan alto de injerencia familiar en las decisiones institucionales», remarcó Díaz.
Para el gobierno riojano, la reforma no responde a una necesidad pedagógica, sino a una «cuestión estrictamente ideológica». Sostienen que, lejos de resolver los problemas de aprendizaje, la iniciativa «agravará las desigualdades» y romperá con una tradición de justicia social y regulación estatal que es referente en la región.
