La caída vertical del consumo y la falta de competitividad genuina empujan a las fábricas al límite. Con negociaciones de crisis para fraccionar el pago del SAC y un goteo incesante de cesantías, se desmorona el relato del «polo productivo» que el gobierno provincial ya no puede sostener con subsidios.
El clima en el Parque Industrial de La Rioja dista mucho de la «fiesta productiva» que el oficialismo local narraba hasta hace poco en sus spots publicitarios. En este cierre de 2025, el ruido de las máquinas ha sido reemplazado por el murmullo tenso de las negociaciones de crisis en las oficinas de Recursos Humanos. La noticia de que las empresas del sector —otrora la joya de la corona de la gestión de Ricardo Quintela— están negociando pagar el medio aguinaldo (SAC) en cuotas y analizando nuevas tandas de despidos, funciona como el acta de defunción de una etapa económica. Es el despertar abrupto del sueño de una industrialización asistida que, al enfrentarse a la intemperie del mercado real, descubre su fragilidad estructural.
Lo que ocurre en los galpones riojanos no es un hecho aislado, sino el síntoma de una patología mayor. La Unión de Industrias Riojanas (UNILaR) ha tenido que blanquear la situación: la cadena de pagos está estresada y la rentabilidad es nula. Pero el dato político es que el «escudo» estatal, esa inyección constante de recursos y beneficios fiscales que la provincia utilizaba para mantener artificialmente la actividad, se ha quedado sin fondos.
El fin de la «billetera de cristal»
Durante años, La Rioja vendió la imagen de un refugio industrial en el norte, sostenido por regímenes de promoción y una alianza estratégica entre el gobierno provincial y las patronales, donde el Estado actuaba como garante de última instancia. Hoy, ese garante está en default técnico y peleado con la Nación. Sin la asistencia del Tesoro nacional y con la recaudación propia en caída libre, Quintela ya no tiene margen para ofrecer salvatajes.
La negociación del aguinaldo en cuotas es la humillación final para el trabajador industrial riojano. Acostumbrado a sueldos que apenas cubren la canasta básica, ahora ve cómo su único ingreso extraordinario se licúa en el tiempo. Para la dirigencia gremial, la situación es una encerrona: aceptar el pago fraccionado o enfrentar el fantasma del despido masivo. Es la política del «mal menor» aplicada a la supervivencia familiar.
La competitividad, esa materia pendiente
La crisis actual desnuda la falencia histórica del modelo. Al caerse las ventas por la recesión nacional y abrirse la competencia (aunque sea incipiente), queda en evidencia que muchas de las radicaciones industriales en la provincia dependían más de la alquimia fiscal que de la eficiencia productiva. Producir lejos de los puertos y de los centros de consumo, con costos logísticos altos, solo cerraba con un dólar protegido y un mercado interno cautivo. Sin esas muletas, el Parque Industrial se tambalea.
Un 2026 de portones cerrados
El escenario que describen los empresarios para el verano es desolador. Las vacaciones anticipadas y las suspensiones ya no alcanzan para compensar la falta de demanda. Los despidos, que hasta ahora se daban por goteo o «retiros voluntarios», amenazan con volverse sistémicos.
Para el gobierno de La Rioja, el costo político es altísimo. El Parque Industrial no era solo una fuente de empleo; era la bandera de que el peronismo local podía generar trabajo genuino fuera del Estado. Al ver cómo las fábricas achican sus plantillas y retacean los aguinaldos, esa bandera se arría. La Rioja entra en 2026 descubriendo que no puede ser una isla keynesiana en un país que ha decidido apagar la impresora de billetes. La realidad, con su crudeza contable, ha llegado para cobrar las facturas impagas de la fiesta populista.
