Las cámaras del sector alertan sobre un desplome de las ventas de hasta el 70% y denuncian un trato desigual en los pagos. En febrero presentarán un reclamo formal al Gobierno para frenar la fuga de recursos a otras jurisdicciones y blindar el empleo provincial.
El sector comercial e industrial de La Rioja se declaró en estado de alerta ante lo que califican como una crisis «profunda como hace décadas no se veía». Frente a un circuito financiero deprimido y una caída brutal en las ventas, las cámaras que nuclean a la actividad privada preparan un reclamo contundente para el mes de febrero: exigirán que el gobierno provincial, los municipios y las empresas estatales (SAPEM) implementen una política de compras «100% riojana».
El diagnóstico que hacen los empresarios es alarmante. Según relevamientos de distintas instituciones, la caída en las ventas oscila entre el 25% y el 70% dependiendo del rubro, en comparación con los periodos 2023 y 2024. Las causas son múltiples: la paralización de la obra pública nacional y provincial, la apertura de importaciones, los bajos salarios estatales y, fundamentalmente, el corte de los fondos extracoparticipables que Nación enviaba a la provincia, lo que retiró miles de millones de pesos de la calle.
«Compre Riojano» o fuga de divisas
El planteo central que elevarán a las autoridades es que el Estado priorice exclusivamente a los proveedores locales, salvo en aquellos casos donde el bien o servicio no esté disponible en la provincia. «No queremos que cientos o miles de millones de pesos se vayan a otras provincias cuando el contexto de La Rioja es dramático», advirtieron referentes del sector.
La exigencia no es solo comercial, sino de supervivencia. Los empresarios denuncian una asimetría financiera en el trato estatal: afirman que a los proveedores de otras provincias se les abona de contado, mientras que a los locales se les «fía con demoras de meses».
Advertencia por despidos y cierres
El reclamo incluye un pedido de mayor control político por parte del propio Gobernador hacia los funcionarios que, según denuncian, son «proclives a las compras afuera de la provincia». El argumento empresarial es que el compre local, aunque no es la solución definitiva, funciona como un paliativo indispensable para sostener la recaudación impositiva local y, sobre todo, los puestos de trabajo.
«Tenemos despidos en la industria y el comercio, tenemos procedimientos de crisis en numerosas empresas y algunos estamos subsistiendo», señalaron con preocupación. El sector privado advirtió que no hay margen para «mezquindades» y pidió mesas de trabajo conjuntas para reactivar los engranajes financieros antes de que muchos negocios terminen desapareciendo.
