El camino en los tribunales federales tras la acusación por «incitación a la violencia». Las claves del proceso, los tiempos de la Justicia y hasta dónde protege la inmunidad al gobernador.
Tras la fuerte embestida del fiscal federal Carlos Stornelli, quien denunció a Ricardo Quintela por «incitación a la violencia colectiva» al sugerir que Javier Milei no terminaría su mandato, la tensión se traslada ahora a los pasillos de los tribunales.
Aunque en la Casa de las Tejas intentan bajarle el tono a la ofensiva judicial y enmarcan los dichos del gobernador en un simple «análisis político», la maquinaria penal ya se puso en marcha. Pero, ¿cómo es el proceso exacto que debe enfrentar un mandatario provincial en funciones ante una denuncia de este calibre?
A continuación, los pasos legales y los plazos que marcarán el futuro judicial del riojano:
1. Sorteo y Requerimiento de Instrucción
El primer paso formal es el ingreso de la denuncia a la Cámara Federal (habitualmente en los tribunales de Comodoro Py, dado que las declaraciones se hicieron en medios de alcance nacional y afectan el orden institucional federal).
- El juez a cargo: Mediante un sorteo informático, se designa a un juez federal que será el responsable del expediente.
- El impulso fiscal: El juez delegará el caso o dará vista a un fiscal de primera instancia, quien deberá presentar el requerimiento de instrucción. Este es el documento clave donde el fiscal decide si hay elementos suficientes para «imputar» formalmente a Quintela y solicita las primeras medidas de prueba (por ejemplo, solicitar las grabaciones completas de las radios Delta y Radio 10).
2. El escudo de los fueros: ¿Puede ser detenido?
La pregunta que resuena en la política riojana es hasta dónde llega la protección de Quintela por ser gobernador. La respuesta está en la Ley de Fueros (Ley 25.320).
- Inmunidad de arresto: Quintela no puede ser detenido bajo ninguna circunstancia mientras dure su mandato, salvo que la Legislatura de La Rioja (donde el peronismo tiene mayoría) apruebe un juicio político y lo destituya o le quite los fueros (desafuero).
- El proceso avanza igual: A pesar de no poder ser arrestado, la ley establece claramente que la investigación penal no se detiene. El gobernador puede ser investigado, la Justicia puede allanar dependencias (con autorización del Senado o legislatura local, según el caso) y el proceso puede seguir su curso normal hasta llegar a una eventual condena.
3. Citación a Indagatoria
Si el juez, tras recolectar la prueba, considera que hay motivos para sospechar que Quintela cometió el delito de incitación a la violencia o afectación del orden constitucional, deberá llamarlo a declaración indagatoria.
- Por su investidura, Quintela tiene la prerrogativa de declarar por escrito o solicitar que el juez le tome declaración en su residencia oficial o por medios telemáticos, evitando así la clásica «foto» entrando a Comodoro Py.
4. Resolución de la Situación Procesal
Una vez que el gobernador preste declaración (o presente su escrito), el juez tiene un plazo legal de 10 días hábiles para definir su situación procesal. Las opciones son tres:
- Procesamiento: El juez considera que hay pruebas suficientes de que cometió el delito. El caso se encamina hacia un juicio oral.
- Falta de mérito: No hay pruebas suficientes ni para procesarlo ni para desvincularlo. La investigación continúa.
- Sobreseimiento: El juez determina que no hubo delito (es decir, que fue un mero análisis político amparado por la libertad de expresión) y cierra la causa.
Los tiempos reales de la política y la Justicia
Si bien el Código Procesal Penal establece plazos estrictos (como los 10 días para resolver un procesamiento), en la práctica de la Justicia Federal los tiempos suelen estar atados al termómetro político. Una causa de este estilo puede acelerarse si la tensión entre la Casa Rosada y La Rioja escala, o puede quedar durmiendo en un cajón durante meses mientras se recolectan pruebas de contexto.
Por ahora, Quintela enfrenta una imputación que, más allá del riesgo penal a largo plazo, le suma un fuerte desgaste institucional en medio de la crisis de las cuasimonedas y el aislamiento de su provincia frente al modelo libertario.
