La funcionaria judicial explicó los procedimientos previos al trágico desenlace de Jessica. Reconoció problemas de comunicación con la Policía y expuso las dificultades que enfrenta la Justicia ante el ciclo de violencia que sufren las víctimas.

El reciente femicidio seguido de suicidio que sacude a la provincia de La Rioja puso en el centro del debate el accionar de la Justicia y los mecanismos de contención para las víctimas de violencia de género. En este contexto, la fiscal Nadia Schargrodsky brindó detalles sobre el derrotero judicial de Jessica, la víctima, y analizó las posibles fallas en el sistema de protección del Estado.

En diálogo con Radio Fénix, la fiscal confirmó que desde el Ministerio Público Fiscal se venía acompañando a la víctima desde el inicio de sus denuncias. Según detalló, el agresor había sido detenido previamente en flagrancia y, a través de un juicio abreviado, fue condenado a cuatro meses de prisión de cumplimiento condicional. En una medida calificada como «novedosa» para el fuero penal, también se le había impuesto el pago de una cuota alimentaria para intentar mitigar la violencia económica que ejercía sobre la mujer.

Sin embargo, el desenlace fue fatal. Schargrodsky reveló un dato estremecedor: la víctima se había presentado a realizar una nueva denuncia tan solo un día antes de ser asesinada. No obstante, el trámite quedó inconcluso. «Tenía que tener una entrevista con la psicóloga para hacer la valoración de riesgo y había una documentación que aportar… a lo cual ella no lo completó», explicó la fiscal. Según la funcionaria, la mujer no quiso realizar la entrevista en ese momento y se pautó que regresara al día siguiente para finalizar el protocolo.

El ciclo de la violencia y los límites de la Justicia

Al ser consultada sobre qué falló para llegar a este trágico final, la funcionaria judicial fue contundente: «Si realmente supiéramos lo que falló, podríamos bajar los números de femicidios a nivel mundial».

Schargrodsky hizo hincapié en la enorme dificultad que representa el «ciclo de violencia» en el que se encuentran inmersas las víctimas. Explicó que este escenario psicológico y de vulnerabilidad muchas veces las lleva a pedir que se retiren las medidas de protección o a arrepentirse de las denuncias por pánico, soledad o dependencia económica. «Tratamos de estirar y sostener la causa lo más que se puede, a pesar de que la víctima no quiera continuar, para darle tiempo y contención psicológica», aseguró.

Falta de tobilleras y cortocircuitos con la Policía

Uno de los puntos más críticos de la entrevista giró en torno a los controles efectivos sobre el victimario. A pesar de que el hombre contaba con una condena condicional y medidas de protección vigentes, desde la comisaría local habían afirmado en días previos no estar al tanto de la situación. Al respecto, la fiscal reconoció que «evidentemente hay un problema de comunicación» entre la información que maneja la Justicia y la que llega a los efectivos policiales.

Finalmente, Schargrodsky dejó al descubierto una preocupante carencia estructural: la escasez de dispositivos de rastreo para agresores. «A veces no contamos con suficientes pulseras, sí sería necesario aumentar un poco la cantidad», admitió la fiscal. Esta declaración generó un fuerte contraste e interrogantes en el programa radial, ya que el ministro de Seguridad provincial había asegurado recientemente que la provincia disponía de unos 75 dispositivos y que no todos estaban en uso.

El caso sigue generando conmoción en la sociedad riojana y pone bajo la lupa la burocracia, la coordinación de las fuerzas de seguridad y la urgencia de aceitar los protocolos de prevención para evitar que la tragedia vuelva a repetirse.