Padres del Jardín N° 13 “Rosa Vera Barros” en la capital riojana exigen la intervención urgente del Ministerio de Educación. Denuncian que un niño con presuntos trastornos de conducta agrede a sus compañeros ante la falta de una maestra integradora. Al conflicto se le suma la decisión oficial de fusionar cursos debido a una histórica caída en la matrícula. La palabra de las autoridades.

Lo que comenzó como una preocupación aislada en las reuniones de padres se ha transformado en un escándalo institucional que sacude a la comunidad educativa de La Rioja y expone una crisis silenciosa que atraviesa a los jardines de infantes de todo el país: la falta de recursos para garantizar una verdadera inclusión escolar y el crudo impacto de la baja demográfica en las aulas.

En el centro de la tormenta se encuentra el Jardín de Infantes N° 13 “Rosa Vera Barros”, ubicado en la capital provincial. Allí, un grupo de madres y abuelas se plantó en las puertas de la institución con un ultimátum: «Si no nos dan una solución, mañana vamos a tomar el jardín y no vamos a dejar entrar a nadie», advirtió una de las familiares afectadas.

El conflicto tiene dos frentes abiertos. Por un lado, las graves denuncias por reiteradas agresiones por parte de un niño que, según denuncian los tutores, presenta hiperactividad y carece del seguimiento profesional adecuado y de una maestra integradora. Por el otro, una controvertida directiva del Ministerio de Educación provincial que ordenó unificar las salas de 3, 4 y 5 años debido a la falta de alumnos, incrementando abruptamente la cantidad de chicos por aula y desplazando a las docentes que venían trabajando con ellos para traer maestras nuevas.

Relatos de angustia y el pedido de ayuda

«Mi nieto empezó a orinarse y a defecar de nuevo por el maltrato que recibía dentro del jardín», relató con desesperación una de las abuelas en diálogo con medios locales (Fénix Multiplataforma). Según su testimonio, los episodios de violencia escalaron durante el último año sin que la institución diera respuestas: «Me lo largó a mi nieto desde arriba del tobogán, le pegó con una mochila, con una silla. Un día la maestra estaba llorando porque le escupió la ensalada de frutas a todos los niños y no lo podía sujetar».

Los padres que protestan son tajantes y aclaran que su intención no es excluir al menor, sino exigir que el Estado y la propia familia del niño intervengan. Aseguran que la madre del pequeño no ha buscado asistencia psicológica y que la única docente a cargo se encuentra totalmente desbordada. «El año pasado pedimos que manden a alguien a que evalúe al niño en un gabinete. No estoy pidiendo que lo saquen, porque no es justo para él, pero tampoco podemos poner a los otros niños en peligro constante», sentenció la abuela.

El «ajuste» de aulas: menos alumnos, más conflictividad

Al drama de la violencia y la falta de contención se sumó una decisión administrativa que terminó de encender la mecha. Con el inicio del ciclo lectivo, las autoridades provinciales dispusieron la fusión de las salitas. Cursos que el año pasado tenían apenas 10 o 12 alumnos pasaron a tener más de 20, mezclando en un mismo espacio a niños que ya estaban adaptados.

Olinda Vargas, Supervisora de Nivel Inicial, justificó la medida basándose en un fenómeno que ya enciende alarmas a nivel nacional: la abrupta caída de la natalidad. «Todos somos conocedores de la escasa matrícula que se ha dado a nivel país y a nivel provincia. Hay salas que no tienen niños. Se están dejando salas a partir de 15 alumnos para que haya una docente», explicó la funcionaria, quien reconoció que es la primera vez en la historia de la Capital riojana que se encuentran con aulas vacías.

Consultada sobre los graves episodios de violencia, Vargas deslindó responsabilidades previas de la supervisión, asegurando que recién ahora están tomando conocimiento oficial del caso a través de las vías jerárquicas y que se intentará trabajar con el equipo interdisciplinario del Ministerio para «orientar a la mamá» del niño involucrado.

La respuesta del Ministerio: «Un acto de justicia educativa»

Frente a la inminente toma del establecimiento por parte de los padres enfurecidos, Sonia Bonetto, Directora de Nivel Inicial del Ministerio de Educación de La Rioja, intentó poner paños fríos. Definió la reorganización estructural de las salas como un «acto de justicia educativa» frente a la nueva dinámica demográfica y defendió la capacidad de las maestras regulares para manejar grupos sin la necesidad de tener siempre maestras de apoyo o integradoras.

«Las docentes están preparadas de manera integral. No somos especialistas para diagnosticar, pero hacemos un diagnóstico situacional», señaló Bonetto, aunque aclaró que si el pequeño tiene una energía muy alta, requiere de experiencias de enseñanza diferentes. «El niño tiene todo el derecho de estar. No se trata de sacarlo», enfatizó la directora, quien prometió presentarse personalmente en el Jardín N° 13 junto a su equipo para destrabar el conflicto.

Mientras la burocracia estatal ensaya respuestas, la tensión en la comunidad sigue en aumento. El caso riojano se convierte así en un crudo espejo de las falencias estructurales del sistema educativo actual: maestras sobrepasadas, falta de gabinetes interdisciplinarios ágiles para acompañar los verdaderos procesos de inclusión y familias que, ante la desesperación y el desamparo de las instituciones, sienten que su única salida es cerrar con candado las puertas de la escuela.