Ante la decisión del gobierno nacional de desvincularse del financiamiento, la provincia impulsa un proyecto de ley para garantizar salarios, seguridad social y modernizar la formación de los profesionales de la salud. La medida busca evitar el éxodo de especialistas y marcar un precedente en medio de la crisis del sector.

En un contexto marcado por los recortes a nivel federal, la provincia de La Rioja avanza con una medida de fuerte impacto nacional para el sistema sanitario. Ante la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de desvincularse del sistema de residencias y de la interrupción del financiamiento de becas compartidas, el gobierno riojano presentó un proyecto de ley para asumir la totalidad de los haberes de los residentes en salud, otorgándoles plenos derechos laborales y aportes jubilatorios.

El director de capacitación del Ministerio de Salud provincial, el doctor Douglas Nazareno, brindó detalles exclusivos sobre esta iniciativa que promete cambiar el paradigma de la formación de posgrado en el país. Según explicó el funcionario, el proyecto surge como una respuesta directa a la retirada del Estado Nacional. Hasta el año pasado, el examen de ingreso era único a nivel nacional y la Nación proporcionaba parte de los haberes a través de becas. Al desaparecer este esquema, la provincia debió reestructurarse de manera urgente.

De becarios a trabajadores del Estado

Uno de los puntos más innovadores y que genera mayor contraste con el resto de las jurisdicciones del país es el cambio en la situación laboral de los profesionales en formación. El proyecto de ley busca que los residentes dejen de ser considerados simples «becarios» para pasar a tener una vinculación formal con el Estado Provincial a través de una planta transitoria.

Esto significa un salto cualitativo en materia de derechos: «Tienen seguridad social, tienen aportes jubilatorios y los diferencia de lo que ocurre con residentes de gran parte del país que solamente tienen una beca», detalló Nazareno. Esta formalización es vital considerando que las residencias pueden durar entre tres y siete años, una etapa donde el profesional ya se encuentra trabajando activamente en el sistema de salud provincial.

Además, la ley no solo abarca a médicos, sino que es un paraguas protector para todas las disciplinas universitarias ligadas a la sanidad, incluyendo enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y terapistas ocupacionales.

Acortar tiempos y sumar tecnología: la modernización académica

El sistema de salud argentino enfrenta una crisis vocacional severa, con cada vez menos jóvenes eligiendo especialidades críticas debido a lo extenso y precarizado de la formación. En respuesta a esto, La Rioja propone una reforma profunda en la currícula.

El proyecto estipula que las residencias básicas pasen de durar cuatro años a tres. Sin embargo, esta reducción temporal no implicará una caída en la calidad educativa. Para lograr este objetivo, la provincia hará obligatorio el uso de herramientas de vanguardia mundial:

• Salud digital y telemedicina.
• Simulación clínica: Se utilizarán muñecos sofisticados que reproducen las condiciones del cuerpo humano para que los residentes practiquen maniobras invasivas sin poner en riesgo la vida de pacientes reales.

El desafío del «éxodo» profesional

Pese al inmenso esfuerzo fiscal que representa para La Rioja financiar de forma autónoma la capacitación y los sueldos de estos profesionales, el sistema se enfrenta a una realidad ineludible: la fuga de talentos. Una vez finalizada su especialización, muchos profesionales deciden emigrar hacia otras provincias con mayor poder adquisitivo o incluso a países limítrofes como Chile. Al existir la ley de libertad de trabajo, el Estado no puede retenerlos obligatoriamente, por lo que esta nueva legislación apuesta a generar mejores condiciones de arraigo desde el primer día de su residencia.

Un trámite legislativo asegurado

La iniciativa impulsada por el gobierno de Ricardo Quintela viene a darle un marco de ley a una decisión que ya se había empezado a gestar mediante decreto en 2022 tras la pandemia. Al contar el oficialismo con mayoría en la Cámara de Diputados provincial, se da por descontado que el proyecto se convertirá en ley a la brevedad, sentando un precedente que ya es observado de cerca por otras provincias afectadas por el desfinanciamiento nacional.