El ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, advirtió sobre el alarmante crecimiento de la actividad financiera clandestina en medio del duro contexto económico. El funcionario apuntó contra las organizaciones que asfixian a las familias más vulnerables e hizo un fuerte llamado a las víctimas para que radiquen las denuncias sin miedo.
La agudización de la crisis económica y el endurecimiento de las condiciones de vida han comenzado a gestar un caldo de cultivo ideal para el delito organizado en sus formas más silenciosas y destructivas. Desde la provincia de La Rioja, el ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, encendió las alarmas a nivel nacional al denunciar un crecimiento exponencial de la usura, el accionar de prestamistas clandestinos y un oscuro entramado de extorsiones que afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad.
En una reciente y extensa entrevista concedida a Fénix Multiplataforma, el funcionario puso sobre la mesa una problemática que, aunque arraigada históricamente en la informalidad, hoy alcanza niveles de asfixia inéditos debido a la licuación de los ingresos. Las mafias de prestamistas informales no solo ahogan a familias enteras con tasas de interés impagables, sino que han escalado gravemente en su grado de violencia y coacción.
El modus operandi: amenazas y apropiación de identidad
Según el diagnóstico trazado por Zárate, el mecanismo de estas organizaciones financieras clandestinas se basa en capitalizar la desesperación de trabajadores, jubilados y familias que, al no poder acceder al crédito formal bancario para llegar a fin de mes, caen en las redes del «dinero fácil y rápido». Sin embargo, el costo real se paga con terror.
La gravedad de la situación radica en que el delito no termina en el cobro de intereses fuera de toda norma legal. Las autoridades han detectado que estos grupos mafiosos amenazan sistemáticamente a los deudores y llegan al extremo de retener documentación personal para garantizar el cobro.
Entre las prácticas más repudiables advertidas por la cartera de Seguridad, se encuentra la confiscación extorsiva de Documentos Nacionales de Identidad (DNI) y tarjetas de débito —precisamente donde las víctimas perciben sus magros salarios, jubilaciones o planes sociales—, dejando a los damnificados como rehenes absolutos del sistema usurero.
Un llamado desesperado a romper el silencio
El miedo a sufrir represalias físicas o a quedar expuestos frente a sus comunidades es la principal barrera de impunidad que protege a estas bandas. Por ello, el mensaje central del ministro Zárate apuntó a quebrar la espiral de silencio.
Desde el gobierno provincial se realizó un pedido categórico a la población: hay que denunciar. El Ministerio de Seguridad garantizó que se brindará el resguardo necesario y que las fuerzas policiales, en articulación con la Justicia riojana, avanzarán de manera implacable contra quienes sostienen estas redes. Las autoridades ya trabajan en la recolección de pruebas e identificación de los cabecillas de estas organizaciones, que operan a plena luz del día tanto en la capital provincial como en el interior.
El impacto nacional: un síntoma de la época
Lo que ocurre en La Rioja resuena como un eco peligroso en el resto del país. La radiografía expuesta por el Ministerio de Seguridad exhibe el daño colateral directo del ajuste macroeconómico a nivel nacional: cuando los recursos no alcanzan y el Estado o el mercado formal de crédito se vuelven inaccesibles, las organizaciones criminales ocupan el vacío institucional.
Este fenómeno de asfixia financiera clandestina se está replicando en los grandes conurbanos y distintas provincias argentinas, pero la decisión de La Rioja de confrontarlo públicamente lo eleva a la agenda nacional, visibilizando cómo el deterioro social empuja a las clases trabajadoras hacia la marginalidad financiera.
El crecimiento de esta actividad clandestina pone de manifiesto la urgencia de articular políticas de seguridad y contención que eviten que la crisis termine entregando a los ciudadanos a merced de las extorsiones. El primer paso, aseguran, es exponer a los usureros ante la Justicia.
