El ministro de Desarrollo de la provincia, Alfredo Menem, detalló el duro impacto que tendrá en la economía local la baja de los programas «Volver al Trabajo» y «Acompañamiento Social». La mayoría de los afectados son mayores de 50 años. El funcionario apuntó contra la gestión de Javier Milei por la falta de diálogo y el ahogo de fondos coparticipables.
La reciente decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación de avanzar con la baja masiva de planes sociales ha encendido las alarmas en el interior del país. En La Rioja, el impacto de esta medida se traduce en números preocupantes que golpean directamente a los sectores más vulnerables y amenazan con deprimir aún más la economía local. El ministro de Desarrollo de la provincia, Alfredo Menem, brindó un duro panorama sobre la situación y apuntó fuertemente contra la administración del presidente Javier Milei.
El impacto en los sectores más vulnerables
Según detalló Menem, la medida afectará a un universo estimado de entre 10.000 y 12.000 riojanos. La cifra exacta es incierta debido a que, según denunció el funcionario, desde la asunción del nuevo gobierno nacional a fines de 2023 se cortó el flujo de información y la provincia fue apartada de la unidad de gestión que coordinaba a estos trabajadores .
El dato más alarmante radica en la composición demográfica de los afectados. «El 75% de los beneficiarios riojanos son del programa Acompañamiento Social, son personas mayores de 50 a 65 años a las que les resulta muy difícil conseguir algún tipo de oportunidad laboral», explicó el ministro. Este grupo etario enfrenta barreras casi infranqueables para reinsertarse formalmente en la industria, la construcción o el comercio, donde habitualmente se exige personal más joven.
Millones de pesos menos en la economía local
El recorte no solo representa un drama para las familias involucradas, sino también un golpe letal para el circuito comercial riojano. En términos económicos, la baja de estos programas significa que casi 850 millones de pesos dejarán de circular mensualmente en la provincia. Este dinero, que habitualmente se destinaba al consumo de cercanía (alimentos, vestimenta y servicios básicos), desaparecerá de la economía local, profundizando la recesión.
A pesar de la incertidumbre y de haber sido notificados de las bajas de forma impersonal, mediante correos electrónicos o la plataforma Mi Argentina, muchos de estos trabajadores continúan asistiendo a sus lugares de tareas, como nodos de entrega de alimentos, merenderos y espacios de primera infancia.
«Tengo que salir a dar la cara y brindarles algún tipo de respuesta porque son trabajadores que están en el territorio, que hacen abordaje y que cocinan en los comedores», sostuvo Menem. Sin embargo, el funcionario reconoció con crudeza que la provincia no está en condiciones de asumir la totalidad de este compromiso financiero para dar una solución definitiva.
Asfixia financiera y tensión con la Casa Rosada
El conflicto por los planes sociales se enmarca en una tensión estructural mucho mayor entre La Rioja y la Casa Rosada. Menem describió un escenario de «ahogo financiero constante» y de persecución política que, según sus palabras, no tiene precedentes.
La situación de las arcas provinciales es crítica: actualmente se debe destinar el 90% de los fondos de coparticipación federal exclusivamente al pago del salario de los trabajadores estatales, dejando un escaso 10% para garantizar el funcionamiento operativo del Estado. Con este mínimo porcentaje, la provincia debe hacer malabares para cargar combustible en ambulancias y patrulleros, comprar medicamentos o reparar escuelas.
«La capacidad de respuesta hoy es limitada a la demanda que existe. Hay muchísimas familias a las que les estamos diciendo que no podemos comprarles un remedio, un pasaje o darles una ayuda porque la verdad que no la tenemos», se sinceró el ministro.
A modo de cierre, el funcionario cuestionó duramente lo que percibe como una absoluta desconexión del gobierno libertario con la realidad del interior profundo: «Este señor que no conoce la República Argentina, que no conoce nuestra provincia, nuestras escuelas ni nuestros barrios, toma decisiones arbitrarias de dar de baja beneficios que hacían que trabajadores y trabajadoras lleven adelante tareas fundamentales en la comunidad».
