Jorge Gamal Chamía, magistrado del Tribunal Oral Federal, analizó a fondo el nuevo régimen que busca bajar la edad de imputabilidad. Aclaró que la prisión debe ser «el último eslabón» de la condena y planteó un duro interrogante al sistema político y judicial del país: «¿A dónde enviamos a los adolescentes para resocializarlos?».

El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad atraviesa a toda la Argentina y genera fuertes tensiones entre el Gobierno, la Justicia y diversos sectores sociales, como la Iglesia. Mientras a nivel nacional se delinean los nuevos parámetros del régimen penal juvenil, desde el interior del país surgen advertencias concretas sobre la viabilidad de su aplicación real.

En una reciente entrevista concedida a medios locales, el juez del Tribunal Oral Federal de La Rioja, Jorge Gamal Chamía, desgranó los detalles técnicos y los desafíos prácticos que impondrá la nueva normativa. Con una mirada crítica anclada en la experiencia diaria, el magistrado marcó una postura clara respecto a las capacidades de las provincias y del Estado en su conjunto para hacerle frente a esta transformación histórica.

El fin de un régimen heredado de la dictadura

Para entender el verdadero impacto de la nueva ley, el magistrado recordó que el sistema penal juvenil actual está regido por la Ley 22.278, un marco legal sancionado en el año 1980, durante el gobierno militar. Chamía fue categórico al señalar que existe mucha desinformación en el debate público: gran parte de la sociedad y de los propios profesionales «discuten lo que viene sin saber lo que tienen».

El cambio paradigmático del nuevo texto legislativo que evalúa el Congreso radica en la modificación de la base para que un adolescente ingrese al sistema penal. «Esta ley baja la edad de inimputabilidad a los 14 años y no hace distinción entre los 14 y los 16», explicó el juez. Sin embargo, aclaró que los acusados seguirán siendo considerados «niños» o menores de edad hasta los 18 años, en estricto cumplimiento con lo que dicta la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código Civil de la Nación.

Las penas: la cárcel como «último eslabón»

Uno de los puntos más sensibles de la reforma es el abanico de sanciones que podrán recibir los menores infractores. Frente a los temores de los sectores que rechazan la medida, Chamía destacó que la nueva ley establece límites claros: en ningún caso la condena podrá exceder los 15 años de prisión y quedan terminantemente prohibidas la prisión o la reclusión perpetua.

No obstante, el espíritu de la nueva legislación busca evitar el encierro inmediato en cárceles comunes. El magistrado detalló que el artículo 12 de la norma prevé una graduación de penas alternativas antes de llegar a la privación de la libertad. Entre ellas se destacan:

• Amonestaciones.
• Prohibición de conducir vehículos o de concurrir a determinados lugares.
• Prohibición de salir del país.
• Prestación de servicios a la comunidad.
• Monitoreo electrónico.
• Reparación integral del daño a la víctima.

«Las penas privativas de la libertad son lo último. Es decir, que el menor vaya preso es el último eslabón de ese castigo», enfatizó Chamía. La decisión de encarcelar a un adolescente de 14 años no será automática, sino que deberá basarse en una necesidad «totalmente razonable», respaldada por estudios psicológicos rigurosos que determinen si el joven tuvo la madurez suficiente para comprender la criminalidad de sus actos.

El dilema estructural: «¿A dónde los enviamos?»

Más allá de la letra fría de la ley, el impacto de la medida choca de frente con una realidad inocultable tanto en La Rioja como en el resto de las jurisdicciones del país: la dramática falta de infraestructura y de instituciones adecuadas para rehabilitar a los jóvenes.

Para Chamía, el verdadero nudo del debate no reside únicamente en si la edad de imputabilidad debe ser 14 o 16 años, sino en las herramientas efectivas con las que cuenta el Estado. «Por supuesto, tenemos que tener las estructuras para aplicar la ley», reclamó el juez.

La falta de espacios de contención es una deuda histórica que la nueva legislación amenaza con agravar si no viene acompañada de presupuesto. «La discusión fundamental no es de ahora, ya lo traemos todos los jueces con la vieja ley: ¿a dónde enviamos a este menor para resocializarlo? ¿Tenemos los profesionales capacitados?», se preguntó el magistrado, abriendo un fuerte interrogante institucional.

El escenario riojano actúa así como un reflejo de lo que ocurre a lo largo y ancho de la Argentina, donde los sistemas judiciales y penitenciarios intentan adaptarse a los mandatos dictados en la Capital sin contar siempre con los recursos necesarios en el territorio. Mientras la política discute la baja de la edad, la advertencia desde los tribunales federales del interior es contundente: sancionar la ley es apenas el primer paso de un desafío estructural mucho mayor.