El frustrado desembarco de Cristian Pérez en Infraestructura expuso la interna del peronismo provincial. El episodio impacta en el equilibrio político y abre interrogantes sobre futuros movimientos en el gabinete.
La interna del oficialismo en La Rioja sumó un nuevo capítulo con impacto directo en la estructura de poder provincial. El presidente del bloque de diputados justicialistas, Cristian Pérez, quedó en el centro de la escena tras el fallido intento de asumir como ministro de Infraestructura en reemplazo de Marcelo del Moral.
El movimiento, que parecía encaminado, fue finalmente desactivado. En la lectura política, Pérez terminó siendo un “caso testigo” dentro de la estrategia del gobernador Ricardo Quintela para medir lealtades en medio de la creciente disputa interna por la sucesión.
Según reconstruyen fuentes del oficialismo, el legislador —referente del departamento Rosario Vera Peñaloza, con cabecera en Chepes— fue desplazado de la posibilidad de asumir en el gabinete tras mostrar alineamiento con Teresita Madera, quien impulsa su candidatura a gobernadora.
La decisión dejó al descubierto el criterio central que hoy ordena los movimientos dentro del quintelismo: evitar cualquier avance que pueda consolidar estructuras políticas alternativas antes de tiempo. En otras palabras, preservar el control del poder en la antesala de la definición electoral.
El episodio no solo impacta en la Legislatura, sino que proyecta incertidumbre sobre otros posibles cambios en el gabinete. Uno de los focos está puesto en el intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, quien aparece como eventual reemplazo del ministro de Producción, Ernesto Pérez.
Sin embargo, su posible desembarco en el Ejecutivo provincial abre múltiples interrogantes. Brizuela y Doria mantuvo recientemente encuentros con el ex gobernador Luis Beder Herrera, quien también trabaja en su posicionamiento con miras a una candidatura en 2027.
A esto se suma un factor de peso: el intendente de Chilecito ha expresado su rechazo a la actividad minera, uno de los ejes productivos que el propio Quintela busca impulsar como alternativa de desarrollo económico para la provincia.
La combinación de estos elementos genera ruido dentro del oficialismo y pone en duda la viabilidad política de su eventual incorporación al gabinete, en un momento donde cada movimiento es leído en clave de alineamientos internos.
El caso de Pérez, en este contexto, funcionó como una señal hacia el resto de la dirigencia: las definiciones de poder se anticipan y la lealtad política se vuelve un factor determinante para ocupar cargos estratégicos.
Así, la gestión provincial comienza a mostrar signos de tensión propios de un proceso de transición aún no declarado, donde el control del aparato político y la disputa por la sucesión se superponen con la administración cotidiana.
En La Rioja, el reordenamiento ya no es subterráneo. Y cada decisión, incluso las que no se concretan, deja huellas en la construcción del poder.
