Mientras funcionarios provinciales buscan inversiones en Canadá, intendentes y áreas del propio gobierno rechazan proyectos clave. El debate minero se vuelve eje de la interna política y económica.
La política minera de La Rioja quedó envuelta en una serie de contradicciones que ya trascienden el plano provincial y generan ruido a nivel nacional. En un contexto donde la minería aparece como una de las principales alternativas de desarrollo para las economías regionales, el oficialismo riojano exhibe posiciones divergentes entre sus principales referentes.
La escena más reciente se dio en la feria minera de Toronto, Canadá —el principal evento global del sector—, donde participaron la vicegobernadora Teresita Madera y la diputada nacional Gabriela Pedrali, en una señal clara de búsqueda de inversiones y vinculación internacional.
Sin embargo, ese gesto contrasta con posturas internas que van en sentido opuesto. El intendente de Chilecito, Rodrigo Brizuela y Doria, manifestó públicamente su rechazo a la actividad minera, en un distrito históricamente vinculado a proyectos extractivos.
A la vez, en el Congreso, legisladores riojanos —entre ellos la propia Pedrali— han votado en contra de iniciativas vinculadas a la ley de glaciares, una norma clave en la regulación ambiental de la actividad, lo que agrega otra capa de tensión en el posicionamiento político del espacio.
El gobernador Ricardo Quintela también refleja esa ambivalencia. Tras haber mantenido posiciones más cautelosas en el pasado, hoy se muestra a favor del desarrollo minero, en línea con lo que previamente había impulsado el ex mandatario Luis Beder Herrera.
No obstante, el apoyo a la minería convive con el rechazo al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), impulsado por el gobierno nacional como herramienta para atraer capitales al sector. Esa negativa limita, en términos prácticos, la competitividad de la provincia frente a otros distritos que sí adhieren al esquema.
Las tensiones también se trasladan al plano territorial. El intendente de Lamadrid, Luis Orquera, lanzó advertencias a empresas mineras que operan en San Juan, exigiendo la contratación de mano de obra local de su departamento, lo que introduce un componente de presión política sobre proyectos en marcha.
En paralelo, el secretario de Energía de la provincia, Alfredo Pedrali, expresó su rechazo a la construcción de una línea eléctrica minera en territorio sanjuanino, una obra clave para el desarrollo de proyectos extractivos en la región.
El resultado es un escenario fragmentado: mientras algunos sectores del gobierno promueven la minería como motor de crecimiento, otros la cuestionan o condicionan, generando incertidumbre tanto en inversores como en actores políticos.
La falta de una estrategia unificada no solo complica la atracción de inversiones, sino que también expone una disputa interna sobre el modelo productivo que debería adoptar la provincia.
En un contexto nacional donde la minería gana centralidad en la agenda económica, La Rioja enfrenta el desafío de definir una posición clara. Por ahora, lo que predomina es la superposición de discursos.
Y en ese terreno, las contradicciones empiezan a tener costo político.
