PAMI al límite en La Rioja: los médicos cobrarán $2.100 por afiliado y advierten que 16.000 jubilados pueden quedar sin atención
El vicepresidente del Colegio Médico, Oscar Villalba, alertó que la nueva cápita deja a un profesional con 100 pacientes percibiendo $210.000 mensuales, siete veces menos que la consulta ética. Los afiliados serán los principales damnificados: renuncias, turnos relegados y una previsible saturación del sistema público que ya opera al 100% de su capacidad. Hoy finaliza un paro nacional de 72 horas de médicos de cabecera.
LA RIOJA.– La crisis del sistema sanitario provincial sumó este viernes un nuevo capítulo, particularmente grave por su impacto sobre la población más vulnerable. El Dr. Oscar Villalba, vicepresidente del Colegio Médico de La Rioja, advirtió sobre las consecuencias de la nueva resolución del PAMI que reduce drásticamente los ingresos de los médicos de cabecera y pone en jaque la atención de los aproximadamente 16.000 afiliados riojanos a la obra social de los jubilados y pensionados nacionales.
La denuncia se inscribe en un cuadro de crisis que viene desplegándose con fuerza en los últimos días: apenas 48 horas atrás, el cardiólogo Germán Guglieri denunció públicamente el colapso del sistema privado riojano por los aranceles de APOS; el Colegio de Farmacéuticos atraviesa un escándalo institucional con intervención policial incluida; y la Asociación de Maestros y Profesores alertó sobre la debacle de la cobertura de APOS y Medifam para el magisterio. Ahora, el sistema de la tercera edad entra también en zona de alerta, con la voz institucional del propio Colegio Médico provincial.
Cómo funciona la cápita y por qué cae a la mitad
El núcleo del reclamo está en la nueva estructura de remuneración que PAMI estableció para sus médicos de cabecera. Según detalló Villalba, la normativa dispone que un profesional percibirá $2.100 por paciente bajo el sistema de «cápita» —un monto fijo mensual por afiliado asignado, independientemente de las veces que se lo atienda o de las prestaciones complementarias que se realicen—.
La modalidad capitada no es nueva en el sistema de salud argentino, pero la reforma introduce un cambio crítico: eliminó los honorarios extras que antes se percibían por la confección de recetas y de historias clínicas, entre otros rubros. Estos pagos complementarios, que en la práctica funcionaban como un refuerzo del ingreso por cada acto médico, representaban una parte significativa de la remuneración total.
El impacto económico es contundente. «Un médico con 100 pacientes en su cápita cobrará unos $210.000 mensuales», señaló el dirigente del Colegio Médico. Y remarcó la distancia con la referencia profesional: «Es una cifra que no cubre los costos operativos y que está a años luz de la consulta ética de $31.500 establecida por el Consejo Médico».
La comparación es elocuente. El monto que la obra social nacional reconoce por mes y por afiliado equivale, en los hechos, a menos del 7% del valor de una sola consulta ética. Aun asumiendo que un porcentaje de los afiliados asignados no demande atención en un mes determinado, el desequilibrio entre lo que exige la normativa al médico —disponibilidad permanente, historia clínica actualizada, recetas renovadas, seguimiento de patologías crónicas— y lo que se paga por ese servicio resulta, según el sector, inviable.
El efecto inmediato: renuncias y turnos relegados
Villalba describió tres consecuencias directas que el propio sistema ya empieza a registrar. La primera son las renuncias masivas: muchos médicos ya manifestaron que no seguirán prestando servicios para la obra social nacional bajo las nuevas condiciones. La decisión no es gratuita para los profesionales —implica perder una porción de ingresos y de pacientes—, pero la ecuación económica se volvió, para muchos, imposible de sostener.
La segunda es la lentitud en la atención. Los médicos que decidan continuar en el padrón de PAMI tendrán un incentivo económico claro a priorizar a pacientes de otras obras sociales con aranceles más elevados. El resultado práctico: los turnos de PAMI quedan relegados al final de la fila, con plazos de espera más extensos y con consultas más breves, en una población —la de jubilados y pensionados— que habitualmente requiere, por el contrario, mayor tiempo de consulta, más controles y seguimientos más frecuentes por patologías crónicas.
La tercera consecuencia es, quizás, la más grave desde el punto de vista sistémico: la saturación del sistema público. Se estima que los 16.000 afiliados riojanos de PAMI que no encuentren respuesta en el sector privado terminarán volcándose a los hospitales públicos provinciales, encabezados por el Hospital Enrique Vera Barros y los nosocomios cabecera del interior.
El problema es que ese sistema público ya opera al 100% de su capacidad y atraviesa su propia crisis: faltantes de insumos, conflictos gremiales, salarios deteriorados, y —como reveló el reciente informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso— una caída real del 41,3% en las prestaciones del PAMI durante el primer trimestre de 2026 a nivel nacional, con el Tesoro eliminando las transferencias al organismo.
Fuga de cerebros: la UNLaR forma para el éxodo
El cuadro se completa con un fenómeno estructural que excede al PAMI pero que la coyuntura agrava: la fuga de profesionales. Villalba confirmó que los médicos formados y especializados en la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) optan cada vez con mayor frecuencia por emigrar hacia otras provincias o al exterior ante la imposibilidad de sostener una vida digna con los aranceles actuales.
La denuncia coincide con la que hace 48 horas había formulado el cardiólogo Guglieri, quien señaló que «cada vez más médicos están yendo de la provincia» por motivos «generalmente económicos» y que la situación configura una política «expulsiva» del sistema sanitario riojano. El propio Guglieri reconoció haber recibido ofertas para irse a otras jurisdicciones y admitió que sus hijos —uno estudiando medicina en Córdoba y otro por terminar el secundario— planean instalarse fuera de la provincia.
La paradoja es particularmente dura: La Rioja invierte recursos públicos en formar profesionales de la salud en su universidad nacional, y luego pierde a esos mismos profesionales porque el sistema local no ofrece las condiciones económicas para retenerlos. La inversión formativa se capitaliza, en los hechos, en las jurisdicciones de destino —habitualmente el sur patagónico por los mayores salarios, Córdoba por los aranceles más altos de las obras sociales, o el exterior—.
Paro nacional y proyecto de caja previsional propia
En el plano gremial, hoy finaliza un paro de 72 horas llevado adelante por los médicos de cabecera de PAMI a nivel nacional, medida con la que el sector buscó visibilizar el reclamo y presionar por la revisión de la resolución. La continuidad de las medidas de fuerza dependerá de la respuesta que la conducción nacional del organismo le dé al sector en las próximas horas.
En paralelo, en el ámbito provincial, el Colegio Médico de La Rioja —entidad que agrupa a los profesionales matriculados y en cuya vicepresidencia se desempeña Villalba— viene trabajando en la presentación de un proyecto para la creación de una caja previsional propia que permita a los profesionales jubilarse con ingresos dignos. El objetivo, según explicó el dirigente, es evitar que los médicos deban seguir trabajando por necesidad a edades avanzadas, cuando sus capacidades físicas y su calidad de vida exigirían el retiro.
La iniciativa responde a una vieja demanda del sector médico riojano, que ve con preocupación el envejecimiento de la matrícula activa y la ausencia de un régimen previsional específico que reconozca las particularidades de la profesión: años de estudio, inversión en equipamiento, dedicación horaria y exposición al desgaste físico y emocional propio de la práctica médica. El Colegio Médico busca, con este proyecto, replicar experiencias que ya funcionan en otras provincias argentinas —como las cajas previsionales profesionales de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires— y que configuran una red de protección adicional para los profesionales de la salud.
«Un retroceso que nos lleva a las cavernas de la salud»
La dimensión política del reclamo quedó sintetizada en una frase fuerte del propio Villalba: «Estamos ante un retroceso que nos lleva a las cavernas de la salud, donde cada uno deberá atenderse como pueda». La formulación es dura, pero apunta a un diagnóstico concreto: la suma de recortes —nacionales y provinciales— sobre el financiamiento del sistema sanitario configura un escenario en el que la capacidad de acceso a la atención médica depende cada vez más de la capacidad económica individual.
El vicepresidente del Colegio Médico instó a las autoridades nacionales a revertir la medida, señalando que desequilibra todo el sistema mixto de salud argentino. El sistema mixto —que combina la atención pública, las obras sociales nacionales como PAMI, las obras sociales provinciales como APOS, y el sector privado—, funcionó durante décadas sobre la base de un equilibrio delicado. Cuando uno de los componentes —en este caso, la obra social de los jubilados— deja de pagar aranceles viables, el sistema entero se tensiona y termina derivando la demanda no atendida hacia los eslabones menos capacitados para absorberla.
El contexto nacional: el PAMI como variable del ajuste
La decisión de PAMI que motivó el conflicto se enmarca en la estrategia fiscal más amplia de la administración de Javier Milei. El propio informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) sobre marzo de 2026 —difundido el 9 de abril— reveló que las prestaciones del INSSJP-PAMI cayeron un 41,3% real en el primer trimestre de 2026. El organismo técnico del Congreso explicó que, en marzo, el PAMI no recibió asistencia financiera del Tesoro, en contraposición con marzo de 2025, cuando había percibido $0,2 billones.
El ajuste sobre el financiamiento de la obra social de los jubilados forma parte del paquete de recortes con los que la Casa Rosada consolidó el superávit primario nacional. Los datos de la OPC, combinados con el reclamo concreto del vicepresidente del Colegio Médico desde La Rioja, muestran cómo el ajuste macroeconómico se traduce, en el territorio, en decisiones que afectan a poblaciones específicas: en este caso, los 16.000 jubilados y pensionados riojanos que dependen del PAMI para su atención sanitaria.
Un sistema provincial bajo asedio múltiple
El reclamo del sector de PAMI se acumula sobre un mapa sanitario provincial que viene mostrando grietas en múltiples frentes. El sistema público enfrenta licitaciones urgentes por faltantes de insumos críticos —como la reciente compra de reactivos para el Banco de Sangre por más de $31 millones—, conflictos gremiales y reclamos salariales. El sistema privado denuncia la inviabilidad de los aranceles de APOS y el colapso de empresas que evalúan cerrar o vender sus servicios. El sector farmacéutico atraviesa una crisis de abastecimiento combinada con el escándalo institucional del Colegio de Farmacéuticos. Y ahora, la obra social nacional de los jubilados suma su propio frente de conflictividad.
La sumatoria configura una crisis transversal del sistema sanitario riojano, con puntos de ruptura simultáneos en cada uno de sus componentes. Para el gobernador Ricardo Quintela, que viene administrando políticamente la tensión con la Casa Rosada, el escenario es doblemente incómodo: el ajuste nacional —que el oficialismo provincial denuncia como «ahogo financiero»— se cruza con responsabilidades provinciales que la oposición le atribuye, particularmente en materia de gestión de APOS y del hospital público.
La voz institucional del Colegio Médico
La intervención de Villalba tiene un peso institucional específico. Como vicepresidente del Colegio Médico de La Rioja, el dirigente habla en representación del cuerpo colegiado que nuclea a los profesionales matriculados en la provincia, y no a título individual. Su palabra compromete a la entidad y funciona como posicionamiento oficial del colectivo médico riojano frente a la resolución de PAMI.
Esa dimensión institucional le otorga al reclamo una fuerza diferente a la de las denuncias individuales —como la que formuló el cardiólogo Guglieri días atrás—. Cuando habla el Colegio, habla la corporación médica provincial en su conjunto, con capacidad de interlocución con las autoridades sanitarias nacionales, con el gobierno provincial, con la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA) y con las demás entidades colegiadas del país.
Los 16.000, sin respuesta por ahora
Al cierre del paro nacional de 72 horas, los 16.000 afiliados riojanos al PAMI permanecen en una zona de incertidumbre. Sin una revisión de la resolución que establece la cápita de $2.100, las renuncias de médicos de cabecera podrían multiplicarse en las próximas semanas, dejando sin cobertura efectiva a una porción significativa de ese universo. La alternativa del hospital público, saturado y con crisis propia, no configura una solución real para una población que requiere atención continuada, medicación permanente y seguimiento especializado.
La advertencia de Villalba se completa con un dato que excede la coyuntura: el envejecimiento demográfico de la población riojana —una tendencia compartida con el conjunto del país— aumentará de manera sostenida la demanda de prestaciones geriátricas en las próximas décadas. Sin una reforma estructural que garantice la viabilidad del sistema, la promesa de una vejez con cobertura médica digna se vuelve, cada vez más, una aspiración en retirada.
Mientras tanto, en los consultorios, en las salas de espera y en las guardias de los hospitales riojanos, los jubilados y sus familias esperan respuestas que, al menos por ahora, no llegan. Y el sistema médico —fatigado, fragmentado y atravesado por fugas— intenta sostener, con los recursos cada vez más escasos que le quedan, un equilibrio que parece, como advirtió el vicepresidente del Colegio Médico, cada vez más cercano a las cavernas.