La secretaria de Gestión Educativa, Soraida Rodríguez, confirmó que los casos no son aislados y se inscriben en una tendencia nacional. Tras el episodio de la EPET N°1, el Ministerio activó equipos de apoyo escolar y reconoció que algunas escuelas ya implementan revisión de mochilas ante la emergencia. El pedido oficial pone el foco en la responsabilidad familiar y el control del uso de la tecnología.

LA RIOJA.– El Gobierno provincial salió a dar una respuesta institucional formal ante la creciente ola de amenazas de tiroteos y mensajes violentos que vienen afectando a distintas escuelas riojanas, con el caso emblemático de la EPET N° 1 de la capital —que este viernes vivió un operativo policial de magnitud tras la viralización de mensajes y una inscripción en un baño que rezaba «Hoy todos vamos a la morgue»—. La voz oficial la puso la secretaria de Gestión Educativa, Soraida Rodríguez, quien admitió que las situaciones no son aisladas y que se inscriben en una tendencia observada a nivel nacional.

El mensaje del Ministerio de Educación provincial combinó la activación de protocolos vigentes, la reivindicación del trabajo articulado con las familias y una admisión incómoda: ante la emergencia, algunas escuelas ya están revisando mochilas en el ingreso, aun cuando la normativa vigente prohíbe expresamente que los docentes toquen las pertenencias de los alumnos. La tensión entre derecho a la intimidad y seguridad colectiva quedó, así, instalada en el centro del debate educativo provincial.

«La escuela y la familia tienen que trabajar juntas»

Rodríguez apeló de manera explícita a la corresponsabilidad familiar como eje de la respuesta. «Hacemos un llamado a los padres para que revisen las mochilas de sus hijos antes de salir de casa», expresó la funcionaria. La frase sintetiza la postura oficial: la seguridad escolar no puede descansar exclusivamente sobre las instituciones educativas —ni sobre los docentes, ni sobre los preceptores, ni sobre los equipos directivos—, sino que requiere del acompañamiento activo de los hogares.

La secretaria subrayó, además, el rol que juega el acceso sin restricciones a internet y a juegos violentos como factor que puede influir sobre estas conductas. La mención coloca en el debate el perfil tecnológico de los adolescentes riojanos: plataformas de mensajería instantánea, videojuegos con contenido bélico, redes sociales saturadas de estímulos, y un ecosistema digital que, en muchos casos, escapa al control y al conocimiento de los adultos responsables.

Protocolos activados y equipos de apoyo en las escuelas

Desde el Ministerio se informó que los protocolos de actuación ante situaciones de acoso escolar (bullying) y uso de armas están plenamente vigentes y operativos. Las acciones concretas que se están desplegando incluyen la intervención de equipos de apoyo escolar, conformados por profesionales del área secundaria, que están visitando los colegios afectados para brindar talleres y charlas de concientización a docentes y estudiantes.

El abordaje busca desplegarse en dos dimensiones simultáneas. Por un lado, una dimensión preventiva: trabajar sobre los factores que pueden estar detrás de las amenazas —frustración, búsqueda de notoriedad, exposición a contenidos violentos, dinámicas grupales de acoso— antes de que deriven en episodios concretos. Por el otro, una dimensión reactiva: dotar a las comunidades escolares de herramientas para responder con calma y eficacia cuando las amenazas se producen, evitando tanto la subestimación como el pánico generalizado.

La funcionaria fue explícita en un punto central: «Lo peor que nos puede pasar es perder la calma. Contamos con herramientas para actuar ante casos extremos». La definición apunta a contener la natural ansiedad de familias y docentes tras episodios como el de la EPET N° 1, en el que el pánico derivó en el retiro masivo de estudiantes antes del horario de salida.

La zona gris de la revisión de mochilas

Uno de los puntos más delicados que Rodríguez abordó fue el de las revisiones de pertenencias. La funcionaria admitió que, por normativa, los docentes no pueden tocar las pertenencias de los alumnos. La limitación responde al principio de protección de la intimidad de los menores y al hecho de que cualquier intervención sobre efectos personales debe realizarse con estrictas garantías procesales para no incurrir en figuras como el abuso de autoridad.

Sin embargo, la secretaria reconoció que «ante la emergencia, algunas escuelas han adoptado criterios de prevención que incluyen la revisión de mochilas en el ingreso». La frase dejó al descubierto una tensión normativa real: las instituciones están actuando en un terreno difuso entre la prohibición explícita y la necesidad práctica de prevenir episodios. La ausencia de un marco normativo actualizado para estas situaciones genera un margen de discrecionalidad que las autoridades educativas prefieren no formalizar, pero tampoco condenar abiertamente.

La cuestión, en términos jurídicos, es compleja. Una revisión sistemática e indiscriminada de mochilas puede ser cuestionada ante la Justicia por afectar el derecho a la intimidad de los menores. Pero una omisión preventiva, en caso de que una amenaza se materialice, puede generar responsabilidades institucionales graves. El equilibrio, difícil en cualquier contexto, se vuelve aún más delicado cuando las amenazas son recurrentes y multiplicadas por la viralización digital.

Un fenómeno que excede a La Rioja

Rodríguez inscribió los episodios en una tendencia nacional, descartando la idea de que se trate de una problemática exclusivamente riojana. La lectura es coincidente con la del comisario mayor Roberto Cortés, segundo jefe de la región capital, quien tras el operativo en la EPET N° 1 había sostenido que se trata de «una viralización de mensajes falsos que buscan generar paranoia», similar a casos registrados en otros establecimientos.

En el contexto argentino, los últimos meses mostraron una multiplicación de episodios similares en distintas provincias: falsas amenazas de tiroteos, mensajes virales con fotografías de armas, inscripciones en baños de escuelas, intervenciones policiales. El fenómeno reproduce el formato del llamado swatting y hoax popularizado en Estados Unidos y Europa, adaptado al ecosistema adolescente argentino.

La dinámica tiene, en todos los casos, patrones reconocibles: el uso de WhatsApp como principal canal de difusión, la utilización de imágenes extraídas de internet como supuesta prueba gráfica, horarios específicos que buscan maximizar la sensación de amenaza inminente y el aprovechamiento del clima de ansiedad colectiva que, en muchos casos, multiplica el impacto más allá de las intenciones iniciales de los autores.

Tres recomendaciones a las familias

El Ministerio formalizó un conjunto de recomendaciones a la comunidad educativa, con eje en el rol de los padres y tutores. El primer punto es la supervisión del uso de la tecnología: controlar los contenidos que consumen los menores y, particularmente, los grupos de WhatsApp en los que participan, donde habitualmente circulan los mensajes virales que generan las situaciones de crisis.

El segundo es el diálogo constante sobre la gravedad de las amenazas. La secretaria subrayó la necesidad de que las familias conversen con sus hijos sobre las implicancias reales de los mensajes intimidatorios —en redes sociales o en espacios físicos como los baños—, desarmando la idea de que se trata de «bromas» inocuas. Los episodios de los últimos días, con operativos policiales, carátulas de intimidación pública y posibles consecuencias penales incluso para menores de edad, muestran que el costo de estas «bromas» puede ser alto, tanto para los autores como para las víctimas.

El tercer punto es la colaboración con las medidas preventivas que cada establecimiento considere necesarias. La cartera educativa reconoce que algunas de esas medidas —como la revisión de mochilas en el ingreso— pueden generar resistencia por parte de las familias, pero pide comprensión frente a la excepcionalidad del momento y el objetivo común de garantizar el bienestar de todos.

Una definición pedagógica

Un aspecto destacable del mensaje oficial es la insistencia en un abordaje pedagógico, no exclusivamente punitivo. Rodríguez planteó que se busca «desestimar estas bromas o amenazas y restablecer la convivencia amena», en una formulación que apunta a no caer en el extremo contrario: la criminalización generalizada del comportamiento adolescente.

La tensión es reconocible. Las amenazas configuran, objetivamente, la figura de intimidación pública prevista en el Código Penal —con penas de dos a seis años de prisión—, y su investigación corresponde a la Justicia. Pero el tratamiento exclusivamente penal de un fenómeno que involucra a menores de edad y dinámicas grupales adolescentes puede resultar contraproducente si no va acompañado de intervenciones pedagógicas y de salud mental que aborden las raíces del problema.

En esa línea, los talleres de concientización, la intervención de los equipos de apoyo escolar y el diálogo con las familias configuran el paquete de herramientas educativas con las que el Ministerio busca complementar la respuesta policial y judicial.

Un frente más en un sistema educativo bajo presión

La crisis de las amenazas escolares llega en un momento particularmente delicado para el sistema educativo riojano. La Asociación de Maestros y Profesores (AMP), conducida por Rogelio De Leonardi, acaba de denunciar un cuadro de ajuste generalizado: faltantes en comedores y copa de leche, deterioro edilicio de escuelas —con el caso paradigmático de la Escuela N° 114 de Chamical trasladada a virtualidad por refacciones inconclusas—, cierre de seis escuelas rurales en un solo departamento, sobrecarga docente, cargos de concursos sin designar, congelamiento salarial y cobertura deficitaria de APOS y Medifam.

En ese contexto, las escuelas riojanas —ya atravesadas por la escasez de recursos y por la sobrecarga laboral de los docentes— deben ahora administrar un nuevo frente de emergencia: la gestión de amenazas virales, la activación de protocolos, la contención emocional de alumnos y familias, la articulación con las fuerzas policiales, la comunicación institucional ante episodios que se viralizan en cuestión de minutos.

El desafío es mayúsculo. Cada falsa amenaza consume recursos humanos, tiempo institucional y capacidad operativa que deberían estar destinados a la tarea educativa propiamente dicha. Y cada episodio viralizado erosiona, aunque sea silenciosamente, la confianza de las familias en la capacidad de las escuelas para garantizar la seguridad de sus hijos.

La búsqueda de un mensaje unificado

En las próximas horas, las autoridades de Educación mantendrán reuniones para unificar el mensaje y las acciones en todos los establecimientos de la provincia. La coordinación apunta a evitar respuestas fragmentadas que puedan generar desigualdades entre escuelas —con algunas aplicando revisiones y otras no, con algunas suspendiendo clases y otras manteniéndolas—, y a establecer criterios comunes que brinden previsibilidad tanto a las comunidades educativas como a las familias.

El desafío, explicitado por la propia Rodríguez, es «equilibrar el derecho a la intimidad de los estudiantes con la necesidad imperante de seguridad colectiva». Se trata de una ecuación compleja, atravesada por tensiones normativas, jurídicas, pedagógicas y culturales. Pero es también una ecuación que el sistema educativo riojano no puede eludir: mientras las amenazas se multipliquen —tal como ocurre en todo el país—, las respuestas institucionales deberán afinarse, las comunidades educativas deberán prepararse y, sobre todo, las familias deberán asumir el rol activo que el propio Ministerio les reclama.

El caso de la EPET N° 1, resuelto sin incidentes gracias al operativo policial y a la calma institucional, mostró que la respuesta es posible. Pero también mostró cuán frágil puede ser el equilibrio: alcanza con una foto de escopeta en un grupo de WhatsApp y una frase pintada en un baño para paralizar una escuela con cientos de alumnos. Y para instalar, en el conjunto de la comunidad educativa, una sensación de vulnerabilidad que no se disipa con el simple parte policial negativo.