La doctora Celeste Torres Herrera, representante de uno de los damnificados, detalló el «modus operandi» del letrado: utilizaba cédulas judiciales apócrifas con firmas falsificadas de jueces para exigir sumas millonarias en concepto de «fianzas» inexistentes.

Un caso de extrema gravedad institucional sacude al ámbito judicial de La Rioja. Un abogado de amplia trayectoria, docente universitario y de «buena reputación» —según sus colegas—, ha sido imputado por el delito de estafa, con la posibilidad de que la acusación se amplíe a falsificación de documentos públicos.

La denuncia fue radicada luego de que un cliente descubriera por cuenta propia que las sumas de dinero que le entregaba a su defensor no tenían un destino legal, sino que formaban parte de un engaño orquestado para beneficio personal del profesional.

El engaño: una fianza de $1.300.000 que nunca existió

El esquema delictivo salió a la luz cuando el cliente, quien atravesaba un proceso por violencia de género, comenzó a sospechar de los constantes pedidos de dinero.

• La amenaza: El abogado le aseguraba a su cliente que, de no pagar una caución, perdería su libertad y sería encarcelado, a pesar de que el proceso no ameritaba una pena privativa tan alta.
• La falsificación: Para darle veracidad al pedido, el letrado presentaba cédulas electrónicas falsas. Estos documentos contenían el logo de Tribunales y las firmas apócrifas de la jueza, la secretaria y la instructora de la causa.
• El descubrimiento: El propio damnificado se acercó al juzgado para consultar cómo recuperar el dinero de la supuesta fianza una vez terminada la causa. Allí, los funcionarios judiciales le confirmaron que nunca se había solicitado dinero y que las cédulas eran falsas. La suma estafada solo en este caso ronda el millón trescientos mil pesos.

Consecuencias penales y riesgo para la matrícula

La doctora Torres Herrera explicó que el delito de estafa contempla una pena de 1 a 6 años de prisión. Sin embargo, la mayor preocupación radica en la ética profesional y la fe pública.

«Esta actitud mancha a todo el foro local», sentenció la abogada. Además de la causa penal, el Consejo de Abogados podría aplicar sanciones que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación de la matrícula, aunque hasta el momento la institución no ha emitido un comunicado oficial ni ha suspendido al profesional, quien legalmente sigue habilitado para ejercer.

«Al haber una falsificación de estas cédulas, pierde credibilidad todo el sistema judicial. El cliente deposita su confianza y su libertad en un abogado; que ese profesional lo traicione es un daño irreparable para la justicia», afirmó Torres Herrera.

Llamado a otros posibles damnificados

Dada la posición del abogado (quien es docente en la universidad local), no se descarta que existan otras personas afectadas por maniobras similares. La querella invitó a cualquier ciudadano que haya tenido experiencias dudosas con este profesional a comunicarse para sumar sus testimonios a la investigación, que busca determinar si el abogado actuó solo o contó con complicidad interna dentro del sistema de notificaciones judiciales.

Nota: Por motivos de ética profesional y hasta tanto la justicia dicte una sentencia firme, la querella ha optado por resguardar la identidad del imputado en sus declaraciones, aunque el caso ya cuenta con una amplia difusión en diversos medios locales por su impacto en la comunidad universitaria y jurídica.