Un debate entre dos expertos expone la paradoja riojana: mientras Catamarca y San Juan atraen proyectos de minería y energía gracias al régimen, La Rioja permanece excluida por su decisión de no adhesión. Los costos en brecha productiva serán estructurales.
La Rioja enfrenta consecuencias duraderas por su decisión de no adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), según advierte Daiana Fernández Molero, diputada nacional y economista, en un análisis público sobre las implicancias territoriales del esquema de beneficios fiscales para inversiones. La provincia quedará marginada de un boom de proyectos mineros y energéticos que están redefiniendo la geografía económica del norte argentino, mientras Catamarca y San Juan capturan inversiones masivas.
«Eso se ve en los anuncios de inversiones para Catamarca y San Juan; y en que a La Rioja no van las empresas, porque no adhirió al RIGI», señaló Fernández Molero en diálogo con Clarín, estableciendo una causalidad clara entre la no-adhesión provincial y la exclusión del mapa de inversiones federales. La frase encapsula una realidad política que trasciende lo administrativo: La Rioja, gobernada por Ricardo Quintela, optó por rechazar un instrumento que su propia representante legislativa caracteriza como «un instrumento poderosísimo» para resolver «desigualdades y la brecha productiva entre las provincias».
El costo de la no-adhesión: una década de marginación
El RIGI, sancionado en 2024, ofrece protecciones extraordinarias a inversores: estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, impuesto a las ganancias reducido al 25% (o 15% en el Súper RIGI), amortización acelerada, devolución de IVA, cero retenciones, libre giro de dividendos e importación sin aranceles de bienes de capital. Con la ampliación del régimen a sectores como minería, energía renovable y producción de tecnología, el atractivo para grandes inversores se multiplicó.
Fernández Molero es explícita sobre lo que esto significa territorialmente: provincias mineras como Catamarca y San Juan ya están cosechando anuncios de proyectos de cobre, oro, litio y energía renovable. La Rioja, con potencial real en minería de cobre (proyecto Vicuña), oro, plata y energía eólica, permanece invisible en ese mapa de inversiones porque carece del marco legal que el RIGI proporciona.
La decisión de no adhesión no es accidental ni es reciente. Refleja una postura política de la gestión Quintela que rechazó sumarse a un régimen considerado por sectores peronistas como un «regalo a los inversores» que sacrifica recursos fiscales provinciales. Sin embargo, esa postura ideológica tiene un costo cuantificable: las provincias que sí adhirieron están experimentando un boom de anuncios de inversión, mientras La Rioja se queda atrás.
La brecha productiva como consecuencia política
Fernández Molero advierte que el RIGI fue diseñado específicamente para resolver una problemática que afecta históricamente a La Rioja: «La asimetría de generación de recursos en el país era enorme y esto resuelve desigualdades y la brecha productiva entre las provincias, que muchas veces se lo pedíamos a la coparticipación». En otras palabras, lo que no pudo lograrse durante décadas mediante reclamos por mayor coparticipación federal —la herramienta clásica de negociación provincial—, el RIGI lo está resolviendo de manera descentralizada: provincias que adhieren reciben inversiones privadas que generan empleo, actividad económica y recaudación impositiva local.
La Rioja, al no adherir, no solo se pierde el acceso a esas inversiones en el mediano plazo (2026-2030). Se autoexcluye de un mecanismo que probablemente dominará la geografía económica argentina de la próxima década. Un inversor que evalúe proyectos de cobre, oro o energía renovable enfrentará una decisión simple: instalar en San Juan, Catamarca o Jujuy, donde cuenta con 30 años de estabilidad fiscal y cambiaria bajo el RIGI, o en La Rioja, donde enfrenta presión impositiva normal y un marco regulatorio que ha sido históricamente volátil.
La crítica de Hallak: ¿sacrificio innecesario?
Juan Carlos Hallak, economista de la Universidad de Buenos Aires, presenta una perspectiva opuesta: cuestiona si el RIGI era necesario siquiera en su forma ampliada. Argumenta que «la elasticidad de la inversión a los beneficios fiscales es baja», es decir, que las inversiones hubieran ocurrido sin necesidad de beneficios tributarios si existiera estabilidad macroeconómica.
Para proyectos como Vaca Muerta (ampliación del RIGI al petróleo y gas), Hallak sostiene que «la producción estaba creciendo y se proyectaba que siguiera en ascenso aún sin el RIGI, por lo que no hacía falta ampliarlo». En esa lectura, el Gobierno sacrifica recaudación tributaria para acelerar algo que de todas formas ocurriría.
Sin embargo, esa crítica —válida o no— no resuelve el problema de La Rioja. Incluso si Hallak tuviera razón sobre que el RIGI es innecesario, la realidad es que otros gobiernos provinciales lo adoptaron, y eso redefinió el campo de competencia territorial. La Rioja, al rechazarlo, quedó fuera de esa dinámica independientemente de si el RIGI es justificable en teoría.
El contrafáctico irresoluble
Fernández Molero responde a la crítica de Hallak con un argumento contrafáctico: «Es un contrafáctico decir si se hubiera hecho igual o no. Hasta ahora no se habían hecho. Y nunca lo podremos saber». En otras palabras, no hay manera de saber qué hubiera pasado con las inversiones en Vaca Muerta sin el RIGI. Lo que sí se sabe es que, con el RIGI, vinieron los anuncios. Sin él, La Rioja espera.
Para una provincia que enfrenta crisis fiscal, desempleo estructural y marginación de políticas de inversión federal (como el Súper RIGI, donde tampoco aparece en las aprobaciones), el costo de mantener una posición ideológica contra el RIGI es medible: pierde competencia territorial con provincias vecinas, pierde atracción de inversores, pierde generación de empleo en sectores dinámicos.
La pregunta sobre Quintela y la estrategia provincial
La no-adhesión de La Rioja al RIGI emerge como un acto político de la gestión Quintela. Pero ¿obedece a un cálculo estratégico claro, o fue negligencia? Los documentos públicos sugieren que fue un rechazo deliberado, alineado con posiciones peronistas más críticas del esquema. Sin embargo, Fernández Molero —ella misma peronista— argumenta que ese rechazo tiene costo real: «Me gustaría que se pudieran atraer esas inversiones sin RIGI, que la Argentina tuviera la credibilidad necesaria para no tener estos alicientes, pero no es así».
Lo que Fernández Molero expresa es una verdad incómoda para gobiernos provinciales peronistas: la Argentina actual no tiene suficiente credibilidad institucional para atraer grandes inversiones sin incentivos fiscales. Eso significa que rechazar el RIGI no es una postura de principios que tarde o temprano será validada; es simplemente una exclusión voluntaria de un mecanismo de competencia territorial que otros usan.
La Rioja en el mapa del Súper RIGI
Cuando el Gobierno lance el Súper RIGI —que amplía beneficios a sectores de tecnología de punta como baterías de litio, refinación de cobre, paneles solares y cadenas de valor agroindustriales—, La Rioja enfrentará nuevamente la pregunta: ¿adhiere, o mantiene su posición de rechazo?
Si mantiene el rechazo, la provincia continuará marginada. Si adhiere después de años de no adhesión, lo hará desde una posición debilitada, sin proyectos en pipeline como sí los tienen San Juan y Catamarca. Las empresas mineras y energéticas ya alinearon sus planes en jurisdicciones donde existe certidumbre regulatoria.
La no-adhesión de La Rioja al RIGI es un acto político que costará una década de marginación económica. Mientras San Juan y Catamarca capturan inversiones en minería y energía, La Rioja espera con una postura ideológica que no genera ni empleo ni recursos. Quintela optó por mantener una posición de principios contra un régimen que otros gobiernos provinciales, incluso peronistas, utilizan de manera pragmática. Es un lujo que una provincia en crisis fiscal no puede permitirse.
