Diego Molina Gómez, legislador de La Libertad Avanza, impulsó iniciativas para que los empleados estatales elijan dónde cobrar sus haberes y exigió informes sobre el financiamiento de las visitas de Ofelia Fernández y Nancy Pazos. Además, apuntó contra un Código de Faltas de la dictadura vigente.
La Rioja vuelve a ser el epicentro de una fuerte batalla política entre el oficialismo peronista y la oposición alineada con la Casa Rosada. En las últimas horas, el diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA), Diego Molina Gómez, presentó una batería de proyectos en la Legislatura riojana que apuntan directo contra las estructuras de financiamiento, control social y privilegios de la gestión del gobernador Ricardo Quintela.
El paquete de medidas abarca desde una reforma bancaria para los empleados públicos hasta pedidos de informes por el uso de fondos estatales para actividades partidarias y la derogación de normativas contravencionales vigentes desde 1983.
«Libertad para elegir dónde cobrar tu sueldo»
El primer proyecto de ley busca eliminar la exclusividad que hoy posee el Nuevo Banco de La Rioja para el depósito de los haberes de la administración pública. La iniciativa, bajo la consigna de otorgar libertad económica a los trabajadores, pretende terminar con lo que el bloque libertario define como un «monopolio forzoso».
«El sueldo es propiedad del trabajador. Por eso cada agente estatal debe tener el derecho de elegir libremente en qué banco cobrar sus haberes, tal como ya ocurre en gran parte del sector privado», fundamentó Molina Gómez.
Según el texto presentado, la normativa establece:
- Libertad de elección: Opción de migrar a cualquier entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
- Fin del monopolio: Apertura del mercado para que los haberes públicos dejen de estar centralizados en una sola firma.
- Gratuidad: Cuentas sueldo garantizadas sin costos operativos para el empleado.
- Competencia: Fomento de la disputa entre entidades bancarias para mejorar servicios, tasas y beneficios.
- Igualdad jurídica: Equiparación de derechos entre los trabajadores del sector público y el privado.
«La Constitución provincial garantiza la libertad de elección y protege los intereses económicos de los ciudadanos. El Estado no puede obligar a una persona a operar con un único banco», argumentó el legislador de LLA. Asimismo, lanzó una dura acusación contra la conducción de la entidad financiera local: «El banco provincial sigue siendo manejado por el poder político de turno, utilizado como herramienta de privilegios, negocios y financiamiento de estructuras del quintelismo con recursos que pertenecen a todos los riojanos. El final está escrito: LLA 2027».
Lupa sobre los gastos políticos: el foco en Ofelia Fernández y Nancy Pazos
En paralelo, el bloque libertario avanzó con una minuta de comunicación para exigir transparencia institucional sobre el destino de los fondos públicos. Específicamente, solicitaron que el Poder Ejecutivo informe detalladamente si el Estado provincial financió las recientes visitas y actividades de las dirigentes nacionales de la oposición kirchnerista Ofelia Fernández y la periodista Nancy Pazos.
«Los riojanos tienen derecho a saber», sostuvieron desde LLA, detallando los cinco puntos clave que el gobierno de Quintela deberá responder de manera oficial:
- Si se pagaron pasajes, hoteles, viáticos o traslados con fondos del erario público.
- Si hubo uso de la pauta publicitaria oficial o de infraestructura estatal para los eventos.
- Si se destinaron efectivos de la Policía de la provincia y recursos de seguridad para custodias personales.
- Qué partidas presupuestarias específicas financiaron dichas actividades.
- Qué funcionarios públicos autorizaron formalmente esos gastos.
El diputado Molina Gómez enmarcó este pedido en el complejo escenario socioeconómico que atraviesa la provincia: «Mientras miles de familias riojanas siguen padeciendo las consecuencias del ASQO (Aislamiento Social Quintelista Obligatorio), el gobierno provincial utiliza el aparato estatal para traer militantes kirchneristas nacionales y montar operaciones políticas para posicionar a Ricardo Quintela en la mesa nacional del PJ». Y remató con una fuerte crítica ideológica: «Ya sabemos cómo funciona el kirchnerismo: nunca ahorran en ‘pesos bolivarianos’ cuando se trata de propaganda política con plata ajena. La plata del Estado no es del gobernador ni de la militancia. Es de todos los riojanos».
La denuncia por un Código de Faltas de la dictadura militar
Finalmente, el legislador libertario encendió las alarmas sobre la vigencia de un andamiaje normativo de carácter penal y contravencional que data de la última dictadura militar. Se trata de un decreto ley sancionado en 1983, que según LLA, ha sido «adoptado durante 40 años por el peronismo» para mantener esquemas de recaudación y persecución.
«Le otorga a la Policía el poder de ser juez y parte: pueden arrestarte por ‘vagancia’ o por ‘no guardar el decoro’ en una plaza», denunció Molina Gómez, alertando además sobre la falta de control de los fondos percibidos por las contravenciones: «Lo más grave es que las multas, que en teoría deberían ir al parque automotor policial y al combustible, nadie sabe adónde van realmente. Es un negocio de la casta disfrazado de justicia».
De acuerdo a lo expresado por el bloque de LLA, en el año 2015 la Legislatura provincial había sancionado un Código de Convivencia moderno y adecuado a los estándares internacionales de derechos humanos, pero su aplicación fue sistemáticamente cajoneada. «Jamás se implementó por el pacto entre la cúpula policial y el PJ, que mantiene viva una caja recaudadora paralela», denunció.
El proyecto de Molina Gómez propone poner en vigencia efectiva el Código de Convivencia, introduciendo cambios estructurales:
- Desplazamiento policial: Los Jueces de Paz reemplazarán a las autoridades policiales en el juzgamiento de las faltas.
- Destino de fondos: Las multas recaudadas se destinarán directamente a reparar a las víctimas.
- Garantías individuales: Fin a la persecución estatal por estilos de vida y reducción drástica de las penas, fijando arrestos de un máximo de hasta 5 días en lugar de los 30 días contemplados en la norma de 1983.
Con esta ofensiva legislativa, los libertarios buscan marcar la agenda de cara al armado electoral con la mira puesta en las elecciones gubernamentales, bajo la constante premisa de desarmar los resortes tradicionales del poder político riojano.
