Tras los fuertes cruces por los proyectos Vicuña y Lunahuasi, el gobierno de Ricardo Quintela financiará un inventario cordillerano a cargo de la Universidad Nacional de San Juan. Sin embargo, un paro docente podría retrasar la firma.
Las ríspidas relaciones diplomáticas y judiciales que mantuvieron en vilo a San Juan y La Rioja durante los últimos meses ingresaron en una inesperada etapa de distensión. En medio de las disputas por las regalías y la soberanía de los megaproyectos mineros de la cordillera, ambas provincias lograron encauzar un acercamiento técnico e institucional: el gobierno riojano contratará y financiará al equipo de especialistas de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) para que realice el inventario de glaciares en su territorio.
El acuerdo, que venía gestándose desde 2025, contempla una inversión 100% financiada por las arcas del Estado riojano, reconociendo la vanguardia y capacidad técnica que la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ ostenta en la materia desde 2009. Sin embargo, la concreción del histórico convenio sumó un dolor de cabeza de último momento: el paro por tiempo indeterminado que llevan adelante los gremios docentes y no docentes —ante el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario por parte del Gobierno Nacional— amenaza con dejar sin quórum las sesiones del Consejo Directivo de la facultad, paso administrativo indispensable para aprobar el acta complementaria esta semana.
Desde la unidad académica confían en destrabar la firma y ya debaten si el encuentro final, que podría poner cara a cara a los funcionarios de ambos gobiernos que se trenzaron en duros cruces verbales, se realizará en suelo sanjuanino o en La Rioja. De concretarse en San Juan, la foto política de la reconciliación institucional incluiría al rector Tadeo Berenguer, al decano Jorge Castro y a los ministros riojanos de Minería y de Producción y Ambiente, este último conducido por Ernesto Pérez.
El trasfondo de una pelea por recursos y límites históricos
El acercamiento técnico funciona como un bálsamo tras semanas de altísima tensión política y judicial motivada por el potencial de la minería de alta gama bajo el paraguas del RIGI. El primer cortocircuito grave ocurrió en abril, cuando un juzgado de La Rioja, bajo el impulso de la gestión de Ricardo Quintela, ordenó paralizar el uso del camino del proyecto minero Vicuña (ubicado en Iglesia, San Juan) a la altura de la localidad riojana de Guandacol, además de reclamar por el impacto ambiental de la iniciativa. A las pocas semanas, el ministro riojano Ernesto Pérez reavivó el fuego en redes sociales al denunciar que el proyecto Lunahuasi afectaba los recursos de su provincia por su extrema cercanía con el límite interprovincial.
Detrás de estas escaramuzas subyace una disputa histórica por soberanía territorial que data de la Ley 18.004 de 1968, la norma que fijó formalmente los límites fronterizos entre ambas jurisdicciones. La Rioja cuestiona la legitimidad constitucional de aquel decreto de facto, argumentando que le costó la pérdida de sectores estratégicos como el emblemático Valle de la Luna —que quedó bajo órbita sanjuanina en contigüidad con el Parque Nacional Talampaya— y la zona del cerro El Potro, donde hoy se asientan proyectos de la envergadura de Josemaría y Filo del Sol. Mientras Quintela reclama judicialmente la participación en las regalías de estos yacimientos, la gestión del gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, defiende la plena vigencia de los límites vigentes para garantizar la seguridad jurídica de los inversores.
Un modelo de exportación en dos fases
Pese al ruido político, el decano Jorge Castro aclaró que las negociaciones se mantuvieron al margen del conflicto y detalló que el convenio tendrá una duración de dos años, prorrogable por otros dos. El fondeo riojano se destrabará de manera escalonada: un 40% inicial a la firma del acuerdo, un 30% a mitad de la tarea contra la presentación de informes y el 30% restante con la entrega de la información oficial terminada.
El equipo del Gabinete de Geocriología de la UNSJ replicará el exitoso modelo sanjuanino y ejecutará las dos primeras fases del inventario en la cordillera riojana. La primera etapa consistirá en la identificación y contabilización satelital de las geoformas, mientras que la segunda requerirá un intenso trabajo de campo para la clasificación detallada de los cuerpos de hielo y periglaciares. La tercera fase, orientada a medir cuantitativamente el aporte hídrico a las cuencas mediante instrumental especial a largo plazo, quedó fuera de este contrato inicial, aunque las autoridades no descartan sumarla en el futuro para garantizar la sustentabilidad ambiental de las futuras explotaciones mineras de la región.
