Es una iniciativa presentada en la Legislatura de La Rioja por el diputado libertario Diego Molina Gómez. Busca que los apostadores demuestren sus prioridades económicas y prevé duras multas para las salas de juego que no exijan el DNI en el ingreso.
En medio del constante ruido político que domina la agenda riojana por el enfrentamiento entre el gobernador Ricardo Quintela y la Casa Rosada, la Legislatura provincial se convirtió en el escenario de un inesperado consenso transversal en materia de control civil. El diputado provincial por La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, presentó un proyecto de ley de fuerte impacto social que busca golpear el bolsillo de los padres deudores y limitar sus espacios de esparcimiento en todo el territorio provincial.
La iniciativa estipula la prohibición absoluta de ingreso a casinos, salas de juego de azar y bingos para todas aquellas personas que se encuentren formalmente incluidas en el Registro de Deudores Alimentarios en Mora (ReDAM). De este modo, la oposición libertaria local busca mover sus propias fichas legislativas introduciendo debates de fuerte sensibilidad pública que colisionan con las prioridades de gasto de los sectores morosos.
El DNI obligatorio en la puerta de entrada
La propuesta apunta a expandir de manera drástica el alcance punitivo de la Ley N° 7.295, la norma madre que regula las sanciones y restricciones para quienes incumplen con los deberes de asistencia familiar en la provincia. Según explicaron desde el entorno del legislador, el espíritu del proyecto radica en «restringir el acceso a esferas que demuestren capacidad económica de consumo».
«Buscamos garantizar que el gasto en apuestas no se realice a expensas del sustento de los hijos», fundamentó Molina Gómez al defender el articulado.
Para que el control deje de ser meramente declarativo y se transforme en una obligación operativa, los establecimientos concesionarios de juegos de azar estarán obligados por ley a exigir el Documento Nacional de Identidad (DNI) a cada cliente en el ingreso y cruzar los datos de manera inmediata y obligatoria con la plataforma informática del ReDAM antes de habilitar los molinetes.
Sanciones y control de la Justicia
El andamiaje legal propuesto delega en el Ministerio Público de la Defensa el rol de autoridad de aplicación. Este organismo judicial tendrá bajo su órbita la responsabilidad de proporcionar a las empresas de juego un acceso seguro, digitalizado y permanentemente actualizado al listado de morosos alimentarios.
El texto de la ley incluye un régimen penal severo para desalentar la connivencia o la negligencia de los empresarios del sector. Aquellos casinos o salas de apuestas que omitan la verificación o permitan el ingreso de un deudor registrado se enfrentarán a sanciones punitivas que escalan de forma gradual:
- Primera infracción: Apercibimiento formal y advertencia institucional por escrito.
- Reincidencia: Multas económicas severas que se fijarán entre diez y cincuenta Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), transformando la falta de control en un costo financiero directo para las concesionarias del juego.
La iniciativa inicia ahora su recorrido técnico por las comisiones de la Cámara de Diputados provincial, donde el oficialismo peronista y los bloques aliados evaluarán su viabilidad técnica en un contexto donde la contención familiar y el control de las economías domésticas se mantienen al tope de las preocupaciones regionales.
Debe estar conectado para enviar un comentario.