El sector de La Libertad Avanza presentó un informe técnico que asegura que la provincia no perdió contra la inflación en el reparto de fondos. Denuncian que se priorizó «la caja política» antes que los ingresos de los estatales en los seis años de gestión del gobernador peronista.
La prolongada y virulenta pulseada política que mantienen el gobernador peronista Ricardo Quintela y la Casa Rosada sumó un nuevo frente de conflicto en el «pago chico». En medio de los recurrentes reclamos del Ejecutivo provincial por el impacto del ajuste federal y el freno a las transferencias, la oposición libertaria local salió al cruce de manera frontal: acusó a la administración riojana de montar un «relato de escasez permanente» como un «escudo político» para otorgar aumentos salariales por debajo de la inflación y resguardar el financiamiento de la estructura partidaria.
La estocada la dio el economista y diputado provincial por La Libertad Avanza, Diego Molina Gómez, quien difundió un minucioso análisis técnico —titulado «Mito vs Datos: Recursos Federales vs. Poder Adquisitivo en La Rioja»— enfocado en la evolución de la coparticipación nacional y su correlación con los haberes de los empleados públicos locales en el período 2020-2025.
«La plata estuvo; lo que faltó fue la voluntad política de indexar los salarios al mismo ritmo que crecían los ingresos por coparticipación», disparó con dureza el legislador alineado con el presidente Javier Milei. Según su argumentación, la provincia norteña no fue víctima de un proceso de licuación de recursos externos, sino de «una política distributiva que priorizó la caja política sobre el bolsillo del trabajador».
Los números de la polémica
El informe de los equipos técnicos de los libertarios riojanos busca desarmar el discurso de la gobernación que conduce Quintela, centrado históricamente en el ahogo presupuestario y la «asfixia financiera» impuesta desde Buenos Aires. Para ello, desglosaron las variaciones reales —es decir, netas del impacto inflacionario— de las planillas de ingresos provinciales:
- 2020: Durante el primer año de pandemia, los fondos cayeron apenas un 2,5% real en comparación con 2019.
- 2021 y 2022: Registraron una fuerte recuperación y crecimiento real de los recursos del 9,2% y 6,2% respectivamente.
- 2023: En el último tramo de la gestión de Alberto Fernández, la retracción real anual fue de solo el 6,5%.
«En el balance neto del periodo 2020-2023, la provincia de La Rioja no perdió contra la inflación en términos de ingresos de coparticipación; los años intermedios compensaron con creces las leves caídas de las puntas», detalla el documento opositor. Sin embargo, en ese mismo lapso —añaden los libertarios— las subas remunerativas a los estatales se caracterizaron por sumas fijas y porcentajes que quedaron sistemáticamente retrasados frente a la Canasta Básica Total (CBT).
El escudo del ajuste
La crítica de La Libertad Avanza no se detiene en el pasado inmediato, sino que avanza sobre la actual coyuntura y las tensiones del modelo de shock de la Casa Rosada. El análisis reconoce que en el año 2024 existió una caída real en el reparto coparticipable del -6,6%, pero advierte que ese indicador funcionó como la justificación perfecta para la gobernación. «Sirvió como el escudo político perfecto para instalar la idea de que ‘no hay plata’ como una verdad absoluta y licuar salarios», apuntó Molina Gómez.
La mayor contradicción planteada por la oposición se enfoca en el escenario de 2025: según sus datos, a pesar de que la coparticipación de recursos detuvo su caída y experimentó una virtual «estabilización técnica» con una variación positiva del +0,17% real, la recomposición en los bolsillos estatales no llegó en la misma magnitud.
Para los libertarios, tras seis años de gestión de la actual administración, se ha consolidado un esquema de opacidad fiscal donde el trabajador riojano absorbe la totalidad de los costos de la macroeconomía mientras que «la caja política no sufrió en absoluto».
El contraataque opositor pone una enorme dosis de presión en un tablero riojano fuertemente tensionado, en el que el oficialismo provincial sostiene de forma paralela la defensa de los recursos a través del relanzamiento de herramientas financieras locales como el bono «Chacho», el freno a normativas nacionales como el RIGI y la permanente denuncia ante el parate de la obra pública menor. Desde el entorno parlamentario de la gobernación volvieron a minimizar las acusaciones de los libertarios, señalando que responden a la necesidad de «justificar desde el llano la brutal quita de fondos federales y de subsidios que sufre el interior».
Debe estar conectado para enviar un comentario.