El bloque oficialista impuso su mayoría para repudiar la quita de subsidios al transporte de personas con discapacidad y las cesantías en Vialidad Nacional. Además, sancionaron una ley clave de seguridad vial para las escuelas.
En una jornada parlamentaria marcada por una fuerte polarización y cruces directos con la oposición alineada con la Casa Rosada, la Cámara de Diputados de La Rioja avanzó con un paquete legislativo de fuerte impacto social. Durante la quinta sesión del 141° Período Legislativo, el peronismo local hizo valer su mayoría para sancionar la creación del Programa Provincial de Educación Vial y, en paralelo, aprobar dos declaraciones de enérgico repudio contra las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.
La sesión ordinaria, que estuvo presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, comenzó pasadas las 20 horas en la Legislatura provincial. La tensión política trepó rápidamente cuando el presidente de la bancada del Bloque Justicialista, Cristian Pérez, planteó el tratamiento sobre tablas de los proyectos vinculados a los recortes de fondos nacionales.
Escenario de conflicto: discapacidad y despidos en Vialidad
El primer foco de conflicto se desató con la aprobación de una declaración de repudio contra la Resolución Nacional 28/2026, una normativa de la gestión libertaria que elimina los subsidios destinados a garantizar la gratuidad de los pasajes de larga distancia para personas con discapacidad.
«Tenemos que estar del lado de la gente y defender los derechos conquistados. Esta decisión limita de manera drástica las posibilidades de acceso a la salud, la educación y el trabajo para miles de familias», argumentó el diputado Pérez al apuntar contra la Casa Rosada.
Minutos después, el oficialismo redobló la apuesta y aprobó otro texto de condena por la «ola de cesantías e inminentes despidos masivos» que golpea al 24° Distrito de Vialidad Nacional, con sede en La Rioja. El debate motivó la intervención en cadena de varios legisladores del PJ, entre ellos Marcelo Del Moral, Lourdes Ortiz y Raúl Cabral, quienes denunciaron la «situación angustiante» que atraviesan las familias de los operarios viales ante la parálisis de la obra pública en las rutas de la región.
Hacia el cierre del bloque político, Pérez cargó directamente contra las bancadas de la oposición local: «Nos quieren cambiar el relato y no se hacen cargo de los ajustes permanentes que hace su Gobierno Nacional. Ninguna provincia puede desarrollarse si los fondos que le corresponden no se envían como corresponde», lanzó.
Educación vial obligatoria en todos los niveles
En el plano estrictamente normativo, el cuerpo legislativo dio luz verde a un proyecto de ley clave para el mediano plazo: la creación del Programa Provincial de Educación Vial, una iniciativa impulsada por los diputados Luis Rojo y Antonio Veragua que obligará a dictar estos contenidos en todos los niveles del sistema educativo riojano.
| Programa Provincial de Educación Vial | Detalles y Aplicación |
| Autoridad de Aplicación | Co-gestión entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de Seguridad Vial y Derechos Humanos. |
| Alcance | Obligatorio para todos los niveles (inicial, primario y secundario) del sistema educativo provincial. |
| Objetivo Central | Reducir la tasa de siniestralidad vial, una de las principales causas de mortalidad y lesiones graves en la región. |
| Actividades Especiales | Jornadas de concientización obligatorias en el Día Nacional de la Seguridad Vial y el Día del Camino. |
Al fundamentar la norma, Veragua remarcó que «la educación es la única herramienta clave para formar ciudadanos responsables y conscientes con las normas de tránsito» ante una problemática que representa un severo impacto social y sanitario para la provincia.
Espacio para la salud y la memoria
Finalmente, la Legislatura provincial sancionó una ley que instituye formalmente el tercer domingo de mayo de cada año como el “Día provincial de la Memoria del VIH”.
La diputada Yuliana López destacó que el proyecto es el resultado de una mesa de trabajo conjunta entre distintas funciones del Estado, colectivos civiles y asociaciones médicas. La normativa apunta a consolidar un espacio anual de reflexión y concientización sobre la prevención, promoviendo de manera activa la inclusión social y combatiendo la estigmatización que aún sufren las personas que viven con esta condición.
