El ministro Ariel Puy Soria apura los andariveles técnicos y de tierras para el megaproyecto de Vicuña. La urgencia de la caja provincial fuerza al peronismo riojano a exhibir reglas claras y previsibilidad ante los capitales globales.

En el peronismo de La Rioja, el debate ideológico sobre los recursos naturales parece haber cedido definitivamente ante el imperio de la necesidad fiscal. La reciente mesa de trabajo encabezada por el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat, Ariel Puy Soria, junto a su par de Trabajo, Empleo e Industria, Federico Bazán, para destrabar las trazas del bypass de Guandacol, expone la velocidad con la que el Ejecutivo provincial intenta allanar el camino hacia el millonario proyecto minero de Vicuña. No hay espacio para las dilaciones burocráticas cuando el subsuelo cordillerano asoma como el principal pulmón financiero disponible a mediano plazo.

«Definimos los lineamientos necesarios para brindar seguridad jurídica y acompañar el desarrollo de una obra que mejorará la conectividad, generará empleo y aportará soluciones», precisó el titular de la cartera de Tierras.

El uso de la expresión «seguridad jurídica» en boca de Puy Soria, una de las espadas políticas más nítidas del oficialismo riojano, no es un tecnicismo al pasar. Funciona como un estudiado mensaje de manual económico destinado a los consorcios internacionales que operan en el distrito Vicuña —en el límite con San Juan y Chile—. Consciente de que los capitales de riesgo exigen marcos regulatorios estables antes de hundir millones de dólares en infraestructura vial y exploraciones de cobre y oro, el gobierno de Ricardo Quintela se esfuerza por escenificar un ecosistema amigable y previsible, operando en tándem con el Ministerio de Minería y la empresa estatal EMSE.

La puesta en marcha del bypass de Guandacol persigue, asimismo, un objetivo de contención social y territorial en el departamento Felipe Varela. Al matizar la retórica extractivista con promesas de «control ambiental» y «planificación responsable», el quintelismo busca blindar el consenso social en las comunidades del oeste provincial, históricamente sensibles al desarrollo de la actividad. En un contexto de asfixia por la falta de transferencias nacionales, el oficialismo riojano comprende que la viabilidad de su proyecto político ya no se dirime en la discusión por la coparticipación federal, sino en la capacidad de transformar los derechos de paso y las mensuras de tierras en empleo privado y regalías genuinas.