Jorge Bordón, directivo del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja, detalló las negociaciones con el Gobierno para destrabar los pagos de la obra social provincial. Además, advirtió por qué el uso de cuasimonedas a gran escala es un problema para el sector y aclaró la millonaria deuda nacional.

El sector farmacéutico de La Rioja se encuentra en pleno proceso de reconfiguración institucional y en una compleja mesa de negociación con el Ejecutivo provincial para garantizar la sustentabilidad del servicio sanitario. En medio de la transición interna del Colegio de Farmacéuticos —donde el actual presidente Hernán Bianchi delegará el mando a Elena Sarmiento el próximo 5 de julio—, las farmacias locales buscan asegurar un flujo de fondos clave para no resentir la atención de los afiliados.

En diálogo con la prensa, Jorge Bordón, miembro del Consejo Directivo de la entidad, repasó los detalles de las recientes reuniones al más alto nivel con el ministro de Hacienda y la administradora de la obra social provincial (APOS), Claudia Ortiz. Puso el foco en la presión impositiva sobre un sector con precios regulados, los riesgos de la cadena de pago y el millonario plan de contingencia nacional para cancelar las deudas de PAMI.

Negociación con APOS: un esquema para achicar la brecha de pagos

Bordón contextualizó que la reciente cumbre con las autoridades de Hacienda nació de un encuentro previo en el seno del Colegio, donde los dueños de las farmacias pudieron sentarse cara a cara con la conducción de APOS. El objetivo principal fue abordar el atraso crónico que venía sufriendo el convenio tripartito firmado entre la obra social, las entidades farmacéuticas y la industria.

«Este convenio establece que la industria farmacéutica aporta 11 puntos del valor del medicamento, la farmacia pone otros 11 puntos y eso significa una reducción de lo que APOS paga por la prestación. El programa venía con regularidad desde 2020 hasta que la situación económica se complicó y comenzó a sufrir atrasos», explicó el directivo.

A pesar de las demoras, Bordón aclaró de forma tajante que «no hubo ninguna reducción en la atención ni en los beneficios hacia el afiliado». Tras las gestiones, se logró que la obra social cancelara las prestaciones correspondientes a enero, con el compromiso de avanzar sobre febrero y marzo durante el transcurso del mes de junio.

La situación financiera es tan delicada que, según reveló el propio directivo, la farmacia oficial del Estado (Farmaapos) sufre las mismas consecuencias que los privados: «Cuando no se paga a término, las droguerías reducen el crédito y cobran intereses, lo que termina resintiendo la prestación de medicamentos».

El reclamo por Ingresos Brutos: el medicamento como un bien social

Uno de los planteos más firmes que el sector le transmitió al equipo económico provincial tiene que ver con el tratamiento impositivo de los fármacos. Las farmacias riojanas exigen una diferenciación en la Ley Impositiva que se debate en la Cámara de Diputados, argumentando que no se puede equiparar al sector con cualquier otro comercio tradicional.

• Precios congelados: «El precio del medicamento está regulado en todo el territorio nacional. Cuando la farmacia sufre impactos por subas de impuestos, costos fijos o salarios, no puede trasladar esos aumentos al precio, cosa que sí hace cualquier otro rubro comercial», advirtió Bordón.
• La comparación con otras provincias: Desde el Colegio señalaron que en la mayoría de los distritos del país el impuesto al medicamento aporta el 50% de la alícuota que paga el resto de los productos comerciales, reconociendo su carácter de «bien esencial» consagrado en la Constitución.

La advertencia por las cuasimonedas y el cepo de los proveedores de afuera

Consultado sobre el impacto de la circulación de los bonos provinciales («Chachos»), Bordón desmitificó el debate político pero planteó un problema logístico y estructural insoslayable para la economía de los farmacéuticos riojanos.

«Si las cantidades no son muy grandes, no va a haber inconveniente. El problema es si las cantidades son grandes. Como propietario de farmacia, el bono es un inconveniente porque nuestros proveedores son de fuera de la provincia«, advirtió. En ese sentido, ejemplificó que firmas clave como la sucursal local de la droguería Monroe dependen de casas matrices de otras jurisdicciones que, por razones legales y operativas, no aceptarán el papel provincial, obligando a las farmacias a calzar sus cajas estrictamente en pesos para reponer stock.

PAMI: No son bonos, son Letras con rendimiento

Finalmente, el directivo del Colegio de Farmacéuticos echó luz sobre una fuerte versión sectorial que indicaba que la obra social de los jubilados (PAMI) pagaría sus deudas históricas con bonos de consolidación de largo plazo. Bordón corrigió el dato y aportó tranquilidad a los prestadores locales.

«Hubo una corrección. En el mes de mayo, el Ministerio de Salud de la Nación convocó a las entidades nacionales y les informó que se va a pagar, pero no en bonos, sino en Letras del Tesoro. Los bonos pueden extenderse a años, mientras que las letras son a plazos más cortos», diferenció.

El Estado nacional emitirá una masa de entre 780.000 y 800.000 millones de pesos en letras para todo el sistema de salud, de los cuales cerca de 78.000 millones de pesos se destinarán específicamente a cancelar la deuda con las farmacias de todo el país.

Estas letras fueron emitidas con fecha del 18 de mayo y tienen como horizonte de cobro el próximo 31 de julio. «Lo importante para la farmacia es que estas letras van a generar un rendimiento del 7% en este plazo. Es decir, esa deuda vieja que se venía arrastrando se va a cobrar los primeros días de agosto con ese incremento de actualización, lo cual resulta conveniente dentro del panorama actual», concluyó.