La fundadora de Infancias Robadas mantendrá reuniones con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Claudio Saúl. La periodista Manuela Calvo denunció «censura perpetua» y un entramado de lazos familiares en el fuero local.

La emblemática referente de los derechos humanos y fundadora de la Red Infancias Robadas, la hermana Marta Pelloni, llegará en las próximas horas a la provincia de La Rioja en el marco de una fuerte controversia institucional. Su visita tiene como objetivo principal auditar el accionar del sistema judicial local en el marco del caso «Arcoiris», una causa que cobró relevancia nacional por las denuncias de presunto abuso sexual intrafamiliar y las polémicas órdenes de revinculación forzosa de la menor con su presunto agresor.

Pelloni, cuya intervención en la década de los 90 fue determinante para alcanzar la justicia en el femicidio de María Soledad Morales en Catamarca, encabezará una agenda de alto perfil político y judicial. Según se confirmó, la religiosa solicitó audiencias con el presidente del Tribunal Superior de Justicia riojano, Claudio Saúl, y con la jueza a cargo de la causa, Ana Carla Menem, con el fin de evaluar posibles irregularidades, violencia institucional o mala praxis en la protección de los derechos de las infancias.

Denuncias de censura previa y conflictos de intereses

La previa del desembarco de Pelloni estuvo marcada por las duras declaraciones de la periodista de investigación Manuela Calvo, quien desde el año 2022 pesa sobre ella una restricción judicial inédita.

«Yo no puedo hablar del caso Arcoiris en particular porque tengo una prohibición de la justicia desde el año 2022 que me dura de por vida», reveló Calvo en declaraciones radiales, detallando que su domicilio llegó a ser allanado tras las presentaciones del abogado de la defensa, Emilio Pagotto.

A pesar de la imposibilidad legal de brindar detalles específicos del expediente, la cronista describió un patrón sistemático que, según afirma, se replica en al menos doce causas similares dentro de la provincia:

• Priorización del denunciado: El sistema judicial antepone el interés del adulto acusado por sobre el interés superior del niño.
• Revincular antes de probar: Se obliga a las víctimas a convivir con sus presuntos perpetradores mucho antes de que se sustancie la declaración en Cámara Gesell.
• Obstrucción probatoria: Estas medidas entorpecen la recolección de pruebas en un delito donde las estadísticas internacionales marcan que solo uno de cada mil abusos llega a una condena efectiva.

Calvo sembró además serios interrogantes sobre las conexiones familiares y políticas dentro de los tribunales locales. Aseguró que la jueza interviniente en su censura, Ana Carla Menem, «es la cuñada del socio de Emilio Pagotto», abogado que representa a los acusados en los casos de revinculaciones forzosas más cuestionados de la provincia.

El rol de la mediatización y la llegada de Infancias Robadas

Frente a la complejidad del entramado local, la intervención de la Red Infancias Robadas busca arrojar luz sobre las decisiones tomadas en el expediente. Desde el entorno de la organización señalaron que cuando los mecanismos institucionales fallan y las infancias que piden ayuda no son escuchadas, las situaciones «terminan en tragedia», justificando la necesidad de analizar de cerca el proceder de los magistrados.

Respecto a la alta exposición pública del caso, se señaló que, contrariamente a lo que se suele instalar en la opinión pública, en la mayoría de estas controversias son los propios denunciados quienes recurren a los medios de comunicación para instalar la teoría de las «falsas denuncias», incluso en expedientes que ya cuentan con condenas firmes y evidencias contundentes.

La expectativa en La Rioja es máxima. La agenda de la hermana Marta Pelloni se mantendrá bajo estricto hermetismo hasta que concluyan las entrevistas con las máximas autoridades del Poder Judicial, reuniones donde se definirá si la organización presentará denuncias formales ante organismos internacionales de derechos humanos.