La Legislatura riojana ratificó el rechazo a un decreto de la dictadura de 1968 que le cedía territorio a San Juan. El área en disputa incluye el multimillonario proyecto de cobre y oro José María. Además, el oficialismo apuntó contra la Casa Rosada por retirar el financiamiento a los médicos residentes.

En una jornada marcada por un fuerte voltaje político y cruces ideológicos, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó este jueves un proyecto de ley enviado por el gobernador Ricardo Quintela que reafirma los derechos territoriales de la provincia sobre las zonas limítrofes en disputa con San Juan. La iniciativa apunta directamente a recuperar la soberanía sobre el distrito Vicuña, un área estratégica de la cordillera donde se asientan megaemprendimientos mineros de cobre y oro como José María y Filo del Sol, considerados los más grandes de la Argentina.

El debate se dio en el marco de la 6° Sesión Ordinaria del período legislativo, donde el bloque oficialista sumó el respaldo de la Unión Cívica Radical (UCR) para convalidar la norma tras introducir modificaciones técnicas de último momento, mientras que el bloque de La Libertad Avanza decidió abstenerse argumentando que la medida «pone en jaque la seguridad jurídica» de las inversiones extranjeras.

El origen del conflicto: un decreto de la dictadura

La discusión, que reactiva una disputa de más de 150 años, hace foco en el Decreto Ley de Facto 18.004, firmado en diciembre de 1968 por el entonces presidente dictatorial Juan Carlos Onganía. Desde el peronismo riojano denunciaron que esa delimitación «fue una decisión de escritorio» firmada por un interventor militar de origen sanjuanino, Guillermo Iriben, despojando de miles de hectáreas a La Rioja a cambio de nada.

«Vino un gobierno de facto y tomó una posición tendenciosa. Si dejamos las cosas como están y no intervenimos ante las jurisdicciones que corresponden, nos van a seguir costando territorio, recursos, riquezas y dignidad», argumentó de manera enérgica el presidente de la bancada oficialista, Cristian Pérez, al rechazar que se trate de una maniobra electoralista del Ejecutivo provincial.

Por su parte, el diputado Marcelo del Moral (PJ) le puso cifras a la disputa al señalar que el avance de San Juan sobre esas tierras no es solo una cuestión de mapas, sino un perjuicio económico directo: «El yacimiento de cobre más grande del país está en cuestión, lo que significa la pérdida de recursos y trabajo para los riojanos». En la misma línea, legisladores del oeste provincial recordaron que la zona en litigio también alcanza al parque natural Ischigualasto (Valle de la Luna), cuya explotación y regalías hoy quedan exclusivamente en arcas sanjuaninas.

Modificaciones de urgencia para esquivar el freno legal

La oposición dialoguista, encarnada por la UCR, apoyó el reclamo histórico de las tierras pero sembró reparos constitucionales sobre la competencia de la Legislatura local. La diputada radical Gabriela Rodríguez advirtió que una ley provincial no tiene la facultad jurídica de derogar una norma nacional. «La Constitución Nacional es clara: la atribución de fijar límites es del Congreso y los conflictos entre provincias los dirime la Corte Suprema», señaló.
Para destrabar el conflicto y asegurar una mayoría contundente, el peronismo aceptó un cuarto intermedio para modificar el texto original.

Finalmente, se reformularon los artículos 4 y 5 para dejar asentado que se «instará» formalmente a los diputados y senadores nacionales por La Rioja a dar la batalla en el Congreso de la Nación, y se especificó que la Fiscalía de Estado tramitará todas las medidas cautelares urgentes para frenar la explotación unilateral de San Juan directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Desde la vereda de enfrente, el bloque de La Libertad Avanza rechazó de plano la estrategia. La legisladora Natalia Juárez justificó la abstención de los libertarios acusando al gobernador de montar un escenario de confrontación. «No podemos acompañar a un gobernador caprichoso en actos de rebeldía que vulneran el sistema federal», fustigó, tras asegurar que la reapertura del debate ahuyentará a los capitales mineros que buscan estabilidad en la región.

Guerra por la salud: La Rioja estatiza las residencias ante el «ajuste» de Nación

En la misma sesión, y con la presencia del ministro de Salud de la provincia, Juan Carlos Vergara, la Legislatura aprobó por unanimidad la provincialización y el financiamiento total del Sistema de Residencias de Salud. La medida fue presentada por el oficialismo como un «blindaje» sanitario frente a las políticas de recorte de la administración central de Javier Milei.

Según denunciaron los miembros informantes del proyecto, la Casa Rosada determinó que para el ciclo 2026 el Estado Nacional no pagará ninguna de las becas destinadas a los nuevos profesionales que ingresan a formarse en los hospitales públicos provinciales.

A partir de la sanción de esta ley, el Gobierno riojano absorberá el 100% de los costos financieros y transformará a los jóvenes graduados —médicos, enfermeros, psicólogos y trabajadores sociales— en agentes de la Planta Transitoria Especial. De este modo, dejarán de percibir una beca informal para pasar a tener un salario garantizado por la provincia, cobertura de obra social y aportes jubilatorios desde el primer día de formación.

Además, la norma faculta al Ministerio de Salud a otorgar incentivos económicos extra y adicionales por guardia para aquellas especialidades críticas que hoy escasean, con el objetivo de retener a los profesionales en los centros de salud del interior provincial.