El gobernador riojano activará su mayoría parlamentaria para institucionalizar la disputa por las fronteras fijadas en la dictadura de 1968. Tras los fuertes cruces de Armando Molina, el Ejecutivo provincial sumó el respaldo clave del intendente de Felipe Varela y ata la pelea a los futuros proyectos mineros.

La histórica disputa fronteriza entre La Rioja y San Juan ingresó en una fase de máxima institucionalización y promete convertirse en un conflicto de alcances legales inéditos. Tras las duras denuncias del intendente capitalino Armando Molina, quien catalogó el límite actual como un «despojo de facto», el gobernador Ricardo Quintela decidió ir a fondo: impulsará un proyecto de ley en la Legislatura provincial —donde el peronismo cuenta con una cómoda mayoría— para lograr un respaldo político unánime que sirva como plataforma de presión ante el Congreso de la Nación.

La estrategia del Palacio de Gobierno riojano se terminó de delinear tras un encuentro clave que Quintela mantuvo con el intendente del estratégico departamento Felipe Varela, Hugo Páez. La región que conduce Páez colinda de forma directa con el territorio sanjuanino y es una de las zonas donde el debate por la soberanía de las tierras y el control de los recursos se vive con mayor sensibilidad.

«Conversamos sobre la situación limítrofe con la provincia de San Juan, defendiendo siempre los intereses de las riojanas y los riojanos. Además, analizamos el avance de los proyectos mineros en la región», confirmó Quintela tras la reunión de trabajo, atando de forma directa el conflicto fronterizo con el futuro económico local.

El factor minero: la verdadera batalla de fondo

Detrás del histórico mapa de límites provinciales se esconde la discusión por el control de una de las zonas con mayor potencial de inversiones de la región. El quintelismo no oculta que el apuro por fijar una postura legislativa férrea se debe a que la delimitación impactará en las regalías y la jurisdicción de los nuevos yacimientos.

«Tenemos grandes expectativas, porque estas iniciativas significarán más puestos de trabajo y desarrollo para la provincia», admitió el mandatario, en referencia al Plan Minero y las exploraciones en curso en la cordillera.

Por este motivo, el proyecto de ley que el oficialismo busca aprobar de forma exprés en la Cámara de Diputados local apunta a declarar la imprescriptibilidad del reclamo y rechazar formalmente cualquier cesión territorial, brindándole a los equipos jurídicos de la provincia un escudo legal para litigar.

El argumento histórico y el llamado al Congreso

El andamiaje ideológico que sostendrá el proyecto de ley del oficialismo riojano se basa en los fundamentos expuestos por el intendente Armando Molina, quien viene liderando la campaña de concientización bajo la consigna «RQ planta bandera». El argumento central radica en que la actual traza fronteriza carece de validez democrática.

• El origen de facto: El oficialismo argumenta que los límites vigentes fueron impuestos de manera arbitraria en 1968 por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, interrumpiendo las discusiones previas.
• La vía constitucional: Los fundamentos de la ley recordarán que, según la Constitución Nacional, el único estamento con competencia plena para revisar y fijar definitivamente los límites interprovinciales es el Congreso de la Nación.
• Los cuatro pilares: Para el quintelismo, recuperar las tierras es una causa nacional sustentada en la Historia, Identidad, Recursos y Futuro del pueblo riojano.

Con el anunciado envío de la normativa al recinto, Quintela busca nacionalizar la controversia y obligar a San Juan a sentarse a negociar bajo una nueva correlación de fuerzas. En un contexto de asfixia financiera de la Casa Rosada hacia las provincias, el control aduanero y de los recursos minerales de la cordillera se transformó para La Rioja en una batalla de supervivencia económica que el peronismo local está dispuesto a dar de forma unificada en el parlamento.