El intendente Mario Riveros presentó un fuerte rechazo institucional contra el reclamo impulsado por La Rioja. La controversia ya involucra a gobernadores, legislaturas y municipios, y amenaza con escalar hacia la Corte Suprema.
La disputa territorial entre San Juan y La Rioja sumó un nuevo capítulo político. Esta vez fue el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, quien decidió intervenir formalmente en el conflicto y presentó ante la Legislatura sanjuanina un documento de rechazo a la ofensiva impulsada por el gobernador riojano, Ricardo Quintela, para revisar los límites interprovinciales establecidos por la Ley Nacional 18.004.
La presentación, ingresada bajo el Expediente 1522/2026 y dirigida al vicegobernador sanjuanino , refleja la creciente preocupación que existe en San Juan por la decisión de La Rioja de avanzar con una estrategia judicial destinada a cuestionar la delimitación territorial vigente.
En el escrito, Riveros sostiene que las iniciativas promovidas desde La Rioja constituyen un agravio a la soberanía provincial y advierte que los límites de San Juan «están respaldados por la historia y por la ley federal», en una respuesta directa al planteo encabezado por .
La reacción del jefe comunal se suma a la postura ya expresada por el gobernador sanjuanino , quien días atrás afirmó que la jurisdicción provincial «no está en discusión» y rechazó cualquier intento de revisar los límites reconocidos por el Congreso Nacional.
La controversia se profundizó luego de que la Legislatura riojana aprobara una norma que rechaza la delimitación establecida por la Ley 18.004 y habilita a la Fiscalía de Estado provincial a impulsar acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La iniciativa forma parte de una estrategia política que el oficialismo riojano viene impulsando desde hace meses y que sostiene que existen territorios históricamente reclamados por La Rioja que habrían quedado incorporados a San Juan durante el proceso de delimitación federal.
En San Juan interpretan el movimiento como una amenaza directa sobre territorios plenamente consolidados desde hace décadas. Por eso, la reacción comenzó a extenderse desde el gobierno provincial hacia municipios, legisladores y sectores sociales del departamento Valle Fértil.
La zona en discusión posee además un valor estratégico creciente. Más allá de la cuestión histórica, el área cercana al límite entre ambas provincias concentra recursos vinculados a la actividad minera, reservas hídricas y corredores turísticos de relevancia nacional.
Entre los puntos más sensibles aparece la proximidad con , uno de los principales atractivos turísticos del oeste argentino y un área de influencia económica para el departamento vallisto.
La dimensión económica del conflicto no pasa inadvertida. En momentos en que el cobre, el litio y otros minerales estratégicos se convirtieron en activos centrales para las provincias cordilleranas, cualquier discusión territorial adquiere una relevancia adicional por las posibles implicancias futuras sobre concesiones, regalías y jurisdicciones administrativas.
Por ahora, ninguna de las dos administraciones parece dispuesta a retroceder. Mientras La Rioja sostiene que existen fundamentos históricos y jurídicos para revisar los límites vigentes, San Juan insiste en que la cuestión quedó definitivamente saldada por la legislación nacional y que no existe margen para reabrir el debate.
La presentación de Riveros confirma que el conflicto dejó de ser una disputa exclusiva entre gobernadores y comenzó a involucrar a los gobiernos locales directamente afectados.
En ese escenario, la posibilidad de que la controversia termine dirimiéndose en la Corte Suprema aparece cada vez más cercana. Y mientras ambos gobiernos preparan sus argumentos jurídicos, la disputa limítrofe ya se transformó en uno de los enfrentamientos políticos más intensos entre provincias durante la gestión de Javier Milei.
