El presidente del Colegio de Ingenieros Agrimensores de San Juan sostuvo que la delimitación vigente fue acordada por ambas provincias y ratificada por el Congreso. Advirtió que cualquier modificación requiere consenso bilateral y una nueva ley nacional.
La disputa limítrofe reactivada por el gobierno de Ricardo Quintela sigue sumando voces del lado sanjuanino. Esta vez fue el presidente del Colegio de Ingenieros Agrimensores de San Juan, Francisco Gilbert, quien cuestionó el planteo riojano y sostuvo que los límites entre ambas provincias se encuentran plenamente consolidados desde hace más de medio siglo.
El especialista recordó que la actual delimitación interprovincial surgió de un proceso de negociación entre San Juan y La Rioja que concluyó con un acuerdo formalizado en 1968 y posteriormente aprobado mediante una ley nacional.
Según explicó, si bien algunos sectores riojanos cuestionan el origen de aquella normativa por haber sido dictada durante un gobierno de facto, la situación jurídica quedó definitivamente consolidada cuando el Congreso Nacional ratificó esos límites mediante una ley sancionada en 2014.
«Lo importante es reconocer que, aunque surgió en un gobierno de facto, posteriormente fue ratificada por una ley del Congreso Nacional», sostuvo Gilbert.
La estrategia sanjuanina
El dirigente profesional consideró que la postura de San Juan debe ser mantener una posición firme frente al reclamo impulsado desde La Rioja.
«Entendemos que la posición de San Juan debería ser la inamovilidad. No creo que convenga ir a acordar. Lo que corresponde es esperar cuál será el planteo formal que realice La Rioja», afirmó.
Las declaraciones reflejan una posición que viene ganando consenso dentro del arco político sanjuanino desde que la Legislatura riojana aprobó una ley que rechaza los límites actualmente vigentes y habilita acciones judiciales para intentar modificar la situación.
Tanto el gobernador Marcelo Orrego como dirigentes oficialistas y opositores de San Juan sostienen que la cuestión territorial ya fue resuelta por el Estado nacional y que no existe margen jurídico para reabrir la discusión.
El argumento legal
Gilbert explicó además que cualquier modificación de límites entre provincias requiere un procedimiento complejo que incluye dos condiciones indispensables: el acuerdo expreso de ambas jurisdicciones y la posterior ratificación mediante una ley nacional.
Ese punto se transformó en uno de los principales argumentos de San Juan para rechazar la iniciativa promovida por el gobierno riojano.
La interpretación dominante en la vecina provincia es que, al no existir voluntad política de modificar los límites, cualquier intento unilateral carecería de viabilidad institucional.
Un conflicto que escala políticamente
Las declaraciones del titular del Colegio de Agrimensores se producen mientras continúa escalando la tensión política entre ambas provincias.
La Rioja sostiene que existen antecedentes históricos y jurídicos que justifican revisar la delimitación actual, especialmente en sectores ubicados sobre el límite norte de Valle Fértil.
San Juan, en cambio, considera que la cuestión está definitivamente saldada por la legislación nacional vigente.
En ese contexto, la estrategia del gobierno de Orrego parece orientarse a evitar una negociación política directa y trasladar cualquier eventual discusión al plano jurídico e institucional.
La postura expresada por Gilbert va en esa dirección: rechazar la reapertura de acuerdos ya consolidados y sostener que el marco legal vigente brinda plena seguridad jurídica sobre la delimitación territorial.
Mientras tanto, la controversia continúa generando repercusiones políticas, técnicas e institucionales en ambas provincias y amenaza con convertirse en uno de los conflictos interprovinciales más relevantes de los últimos años en el oeste argentino.
Por ahora, San Juan muestra una posición unificada. La Rioja insiste en avanzar con su reclamo histórico. Y el debate, lejos de cerrarse, parece ingresar en una etapa donde la discusión jurídica comenzará a ocupar un lugar central en la agenda política regional.