El asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó que la Provincia buscará llevar el conflicto a la Corte Suprema para cuestionar el decreto-ley que fijó los actuales límites. El Gobierno sostiene que fue dictado por una autoridad sin competencia y que quedó debilitado tras un fallo del máximo tribunal de 2024.

El gobierno de La Rioja comenzó a delinear la estrategia jurídica con la que intentará reabrir la disputa limítrofe con San Juan. El asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó que el objetivo no pasa únicamente por impulsar un debate político en el Congreso, sino también por promover acciones judiciales para que la Corte Suprema analice la constitucionalidad del decreto-ley que estableció los actuales límites entre ambas provincias.

Según explicó el funcionario, la ley aprobada recientemente por la Legislatura riojana otorga al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias para activar reclamos administrativos, institucionales y judiciales, con el propósito de revisar el decreto-ley 18.004, que homologó el convenio firmado en marzo de 1968 entre los interventores militares de La Rioja y San Juan durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía.

La apuesta judicial

Goyochea sostuvo que la cuestión de los límites interprovinciales es una atribución exclusiva del Congreso de la Nación y que ni el presidente de facto ni los gobernadores interventores tenían facultades constitucionales para resolverla.

«Las cuestiones limítrofes entre provincias solamente pueden ser resueltas en el ámbito del Congreso de la Nación», afirmó.

Bajo esa interpretación, el Gobierno riojano sostiene que el decreto de 1968 nació con un vicio de origen por haber sido dictado por autoridades sin competencia constitucional.

Por ese motivo, la Provincia buscará que la Corte Suprema declare su inconstitucionalidad.

El fallo de 2024 como argumento

Uno de los pilares de la estrategia oficial es un fallo de la Corte Suprema dictado en 2024.

Según explicó Goyochea, esa resolución determinó que el Digesto Jurídico Argentino no produjo la ratificación automática de los decretos-leyes dictados durante las dictaduras militares.

Para el Gobierno riojano, esa interpretación deja nuevamente expuesto el decreto que fijó los límites con San Juan y habilita su revisión judicial.

El funcionario recordó además que el artículo 36 de la Constitución Nacional declara «insanablemente nulos» los actos emanados de gobiernos de facto, argumento que será uno de los ejes centrales de la futura presentación.

Congreso y Corte

Aunque el Ejecutivo provincial avanzará por la vía judicial, Goyochea aclaró que el Congreso también conserva un papel central en cualquier redefinición territorial.

Explicó que la fijación definitiva de límites entre provincias continúa siendo una competencia legislativa, mientras que la Corte deberá resolver previamente la validez constitucional del decreto cuestionado.

De esa manera, la estrategia oficial combina ambos frentes: obtener un pronunciamiento judicial que invalide la norma de 1968 y, posteriormente, impulsar el tratamiento institucional de la cuestión limítrofe.

Una disputa de larga data

Durante la entrevista, el asesor recordó que distintos dirigentes riojanos promovieron iniciativas similares desde hace décadas.

Mencionó proyectos impulsados por el exdiputado Saúl Galván, por los entonces legisladores Alejandra Oviedo, Adrián Menem y Julio Martínez, además de una presentación realizada por el expresidente y exsenador Carlos Menem cuando integraba la Cámara alta.

Según indicó, ninguna de esas iniciativas llegó a prosperar, aunque constituyen antecedentes del reclamo histórico de La Rioja sobre la delimitación territorial.

Un conflicto que escala

Las declaraciones de Goyochea profundizan la disputa institucional entre La Rioja y San Juan.

Mientras el gobierno de Marcelo Orrego sostiene que los límites fueron definitivamente consolidados mediante leyes nacionales y descarta cualquier negociación, la administración de Ricardo Quintela apuesta a abrir un nuevo capítulo judicial basado en la supuesta invalidez constitucional del decreto dictado durante la dictadura militar.

Con la ley provincial ya sancionada, el Ejecutivo riojano prepara ahora las presentaciones que podrían trasladar el conflicto territorial al máximo tribunal del país, en una controversia que combina argumentos históricos, constitucionales y políticos y que promete extenderse durante los próximos meses.