El ministro confirmó que fueron apartados el jefe y el subjefe de la comisaría mientras avanza un sumario administrativo y la investigación judicial. Además, anunció el ingreso de 385 nuevos efectivos y reivindicó la inversión provincial en seguridad.

El ministro de Seguridad de La Rioja, Miguel Zárate, confirmó el desplazamiento de la conducción de la comisaría de Ulapes luego de la denuncia por presuntos apremios ilegales presentada por dos hombres detenidos durante una investigación por un millonario robo ocurrido en el sur provincial.

La decisión representa la primera respuesta institucional del Gobierno riojano frente a un caso que adquirió repercusión nacional tras las acusaciones contra efectivos policiales por supuestos hechos de violencia durante el procedimiento.

Según explicó Zárate, fueron apartados de sus funciones el jefe y el segundo jefe de la dependencia policial, además de iniciarse un sumario administrativo que alcanzará a seis efectivos que se encontraban de guardia al momento de la detención.

«Lo primero que hicimos fue separar a las autoridades de la dependencia mientras se determina la responsabilidad de cada uno», sostuvo el funcionario.

La investigación

El ministro indicó que el operativo se originó tras la denuncia por el robo de más de 20 millones de pesos y escrituras de una propiedad rural.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, la investigación policial permitió seguir rastros y huellas que condujeron hasta una vivienda lindante, donde fueron demorados dos sospechosos.

Posteriormente, esas personas denunciaron haber sido víctimas de apremios ilegales durante el procedimiento.

Zárate confirmó que los médicos forenses constataron lesiones corporales y señaló que será la Justicia la encargada de determinar si esas marcas guardan relación con los hechos denunciados.

«No vamos a tolerar procedimientos irregulares. Si algún policía actuó fuera de la ley, aplicaremos las sanciones que correspondan, incluso la destitución si fuera necesario», afirmó.

El funcionario aclaró que la investigación administrativa avanzará en paralelo con la causa penal abierta contra los efectivos involucrados.

Refuerzo policial

Durante la entrevista, el ministro también confirmó que el próximo 1 de agosto se incorporarán 385 nuevos efectivos pertenecientes a la última promoción del Instituto Superior de Formación Integral en Seguridad Pública.

Con ese ingreso, aseguró, el gobierno de Ricardo Quintela habrá incorporado más de 1.200 policías durante la actual gestión.

Zárate sostuvo que la seguridad constituye una de las prioridades presupuestarias del Ejecutivo provincial y defendió el aumento del gasto destinado al área.

Según precisó, la inversión salarial pasó de aproximadamente 245 millones de pesos mensuales al inicio de la gestión a unos 7.500 millones en la actualidad, además de las inversiones realizadas en patrulleros, cámaras de vigilancia, tecnología y capacitación policial.

Narcotráfico y sistema acusatorio

El ministro también destacó el incremento de los operativos contra el narcotráfico.

Indicó que la cantidad de procedimientos pasó de poco más de 60 anuales a más de 260 durante el último año, producto del fortalecimiento de los controles preventivos en rutas y accesos provinciales.

Al momento de brindar la entrevista, Zárate viajaba hacia Salta junto a la comisión encargada de implementar el sistema acusatorio en La Rioja.

El objetivo de la visita, explicó, es analizar la experiencia salteña en materia de investigación criminal y funcionamiento de laboratorios forenses, con vistas a la futura puesta en marcha del nuevo modelo procesal en la provincia.

El nuevo penal, otra deuda pendiente

Consultado sobre la situación del Servicio Penitenciario Provincial, el ministro reconoció que la principal necesidad continúa siendo la construcción de un nuevo establecimiento carcelario.

Recordó que el proyecto había sido elaborado durante la gestión de Quintela y que incluso contaba con financiamiento comprometido por el gobierno de Alberto Fernández, pero aseguró que la iniciativa quedó paralizada tras el cambio de administración nacional encabezada por Javier Milei.

En ese contexto, el Gobierno provincial busca mostrar una política de fortalecimiento institucional de las fuerzas de seguridad mientras enfrenta un caso que pone bajo la lupa el accionar policial y obliga a la administración riojana a equilibrar el respaldo a la fuerza con la investigación de posibles excesos cometidos durante un procedimiento.