El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, sostuvo que la provincia no inició una demanda judicial sino un proceso para «recuperar la institucionalidad» de la cuestión limítrofe. Aseguró que el objetivo es revisar el decreto de la dictadura que fijó los actuales límites y afirmó que el reclamo alcanza al área donde hoy se ubican Ischigualasto y parte del proyecto minero Vicuña.

El Gobierno de La Rioja salió a defender la estrategia impulsada por la administración de Ricardo Quintela para reabrir la discusión por los límites con San Juan. El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, aseguró que la provincia no inició una demanda judicial sino un proceso institucional destinado a revisar el decreto-ley dictado durante la última dictadura que fijó la actual delimitación territorial.

El funcionario explicó que la reciente ley sancionada por la Legislatura riojana ratifica una norma aprobada en 1974 que rechazó el convenio firmado en 1968 entre las intervenciones federales de ambas provincias y habilita al Poder Ejecutivo a impulsar acciones administrativas, institucionales y judiciales para defender los «límites históricos» de La Rioja.

«No buscamos una confrontación»

Goyochea insistió en que el planteo no constituye un conflicto con San Juan sino una discusión institucional sobre la forma en que deben resolverse las controversias limítrofes entre provincias.

«No estamos atacando a San Juan ni combatiendo con otra provincia. Lo que buscamos es recuperar la institucionalidad, porque la Constitución establece que las cuestiones limítrofes deben ser resueltas por el Congreso de la Nación y no por un decreto-ley de un gobierno de facto», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la intención inicial es abrir una instancia de diálogo con las autoridades sanjuaninas y avanzar luego en los mecanismos previstos por la Constitución.

El reclamo incluye Ischigualasto y parte del proyecto Vicuña

Durante la entrevista, el asesor confirmó que el territorio cuya recuperación reclama La Rioja comprende cerca de 3.000 kilómetros cuadrados cedidos mediante el acuerdo de 1968.

Según explicó, dentro de esa superficie quedaron comprendidos el Parque Provincial Ischigualasto —Valle de la Luna— y sectores donde actualmente se desarrolla el proyecto minero binacional Vicuña.

«Esos límites fueron negociados durante la dictadura y entendemos que corresponde revisar esa situación», afirmó.

La estrategia: una comisión especial y el Congreso

El funcionario indicó que la primera etapa será la conformación de una comisión especial creada por la Legislatura riojana, integrada por diputados y especialistas, que tendrá la misión de reunir antecedentes históricos y técnicos para fundamentar el reclamo.

Con esa documentación, el Ejecutivo evaluará los pasos institucionales a seguir, entre ellos un eventual planteo ante el Congreso de la Nación y, si fuera necesario, acciones judiciales vinculadas a la constitucionalidad del decreto-ley que fijó los actuales límites.

Goyochea sostuvo que la discusión debe desarrollarse en el ámbito de una comisión bicameral del Congreso encargada de analizar las cuestiones limítrofes entre provincias.

El argumento jurídico

El principal fundamento jurídico expuesto por el Gobierno provincial se apoya en un reciente criterio de la Corte Suprema respecto del Digesto Jurídico Argentino.

Según Goyochea, el máximo tribunal dejó sin vigencia la Ley 26.939, utilizada por San Juan para sostener que el decreto-ley de 1968 quedó ratificado por el Congreso.

«Si ese digesto no tiene vigencia, también puede discutirse la validez constitucional de los decretos-ley dictados durante la dictadura que regulaban materias reservadas al Congreso», argumentó.

Para el Gobierno riojano, ese escenario abre una nueva instancia para revisar los límites provinciales establecidos hace casi seis décadas y trasladar la discusión a los ámbitos previstos por la Constitución Nacional.