El diputado libertario será citado por la Comisión de Asuntos Constitucionales para explicar las acusaciones que lanzó contra una legisladora radical por un supuesto pacto con el oficialismo para conservar un lugar en el Consejo de la Magistratura. Analizan suspenderlo sin goce de haberes.
La interna política en la Legislatura de La Rioja sumó un nuevo capítulo y amenaza con profundizar el enfrentamiento entre el oficialismo, la oposición tradicional y La Libertad Avanza. Esta semana, el diputado provincial Diego Molina Gómez deberá comparecer ante la Comisión de Asuntos Constitucionales para responder por las denuncias públicas que formuló contra una diputada radical, a quien acusó de haber acordado con el bloque justicialista la continuidad de un cargo en el Consejo de la Magistratura.
El expediente se encuentra en estudio desde principios de mayo y fue impulsado a partir de una cuestión de privilegio promovida por el diputado justicialista Cristian Pérez y la legisladora radical Gabriela Rodríguez, quienes sostienen que las declaraciones del dirigente libertario lesionaron el honor de una integrante de la Cámara y constituyen un caso de violencia institucional.
La comisión resolvió convocar personalmente a Molina Gómez luego de considerar insuficiente el descargo escrito que presentó semanas atrás. Los legisladores entienden que el documento no aportó precisiones ni pruebas concretas que respalden las acusaciones difundidas tanto en el recinto como en redes sociales.
El origen del conflicto
La controversia comenzó durante la sesión del 16 de abril, cuando la Cámara aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura mediante la Ley N.º 10.864.
Durante el debate, Molina Gómez aseguró que la iniciativa constituía «un traje a medida» para beneficiar políticamente al oficialismo. Posteriormente, amplió sus críticas en redes sociales, donde denunció un supuesto «acuerdo histórico» entre un sector de la UCR y el PJ para mantener representación en el Consejo de la Magistratura, insinuando un reparto de cargos.
Aunque nunca la mencionó de manera explícita, la referencia apuntó a la diputada Gabriela Rodríguez, representante del radicalismo por Chilecito.
El oficialismo y la UCR respondieron en conjunto
La respuesta política fue inmediata. El diputado Cristian Pérez calificó las publicaciones como una metodología destinada a desacreditar sin pruebas la integridad de dirigentes políticos y sostuvo que ese tipo de prácticas no serán toleradas dentro de la Legislatura provincial.
Por su parte, Rodríguez rechazó de manera categórica cualquier acuerdo con el oficialismo y recordó que ya integraba el Consejo de la Magistratura, aunque la normativa vigente le impedirá continuar una vez que concluya su mandato legislativo.
La legisladora también cuestionó que Molina Gómez eligiera las redes sociales para formular las acusaciones y le reclamó que las ratificara institucionalmente ante la Cámara.
El riesgo de una sanción
El expediente fue encuadrado en normas del Reglamento Interno de la Cámara y de la Constitución Provincial que facultan al cuerpo a sancionar a sus integrantes cuando consideran que existieron agravios contra otro legislador.
Entre las medidas solicitadas figura la suspensión del diputado libertario por el número de sesiones que determine la Cámara y sin percepción de haberes.
La Comisión de Asuntos Constitucionales deberá emitir un dictamen luego de escuchar a Molina Gómez. Posteriormente, la decisión quedará en manos del pleno de la Legislatura.
La defensa de Molina Gómez
El legislador de La Libertad Avanza sostiene que su denuncia responde a una supuesta discriminación política hacia su espacio.
Según argumenta, a La Libertad Avanza se le niegan cargos institucionales que históricamente sí fueron respetados para la Unión Cívica Radical en su condición de principal fuerza opositora.
Además, denunció una persecución política contra dirigentes libertarios en La Rioja, afirmó que les «inventaron causas penales» para impedir que asuman cargos y anticipó una escalada de confrontación con el oficialismo provincial.
En su descargo también advirtió sobre el impacto económico que tendría una eventual suspensión sin goce de haberes, al señalar que actualmente se traslada en transporte público para asistir a las sesiones legislativas.
La resolución del caso podría convertirse en un nuevo foco de conflicto político dentro de la Legislatura riojana y marcar un precedente sobre los límites entre la libertad de expresión de los legisladores, el debate político y las responsabilidades institucionales derivadas de denuncias públicas sin respaldo probatorio.