El vicerrector Luis Oviedo confirmó que la Asamblea Universitaria aprobó la modificación de la Carta Magna. La oposición denuncia un «freno a foja cero» de las inhabilitaciones vigentes para permitir la reelección de la actual conducción.

El oficialismo de la Universidad Nacional de La Rioja (Unlar) logró blindar un ambicioso proyecto de reforma estatutaria que modifica el esquema de gobernanza de la casa de altos estudios y unifica la duración de las gestiones institucionales con el promedio del sistema universitario federal. Sin embargo, la movida encendió las alarmas de los bloques opositores, que denuncian una maniobra de ingeniería legal diseñada a la medida del rectorado para perpetuarse en el poder y resetear los plazos de reelección.

En diálogo radial, el vicerrector de la Unlar y referente del espacio oficialista Nueva Unlar, Luis Oviedo, confirmó que el texto de la reforma ya fue aprobado por el pleno de la Asamblea Universitaria y enviado a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación para su revisión técnica definitiva. El cambio medular radica en la extensión de los mandatos de tres a cuatro años para los cargos de rector, vicerrector, decanos departamentales, directores de carrera y miembros de los cuerpos colegiados (Consejo Superior y Consejos Departamentales).

«De las 62 universidades públicas del país, solo tres manteníamos la modalidad de mandatos de tres años. Esta reforma nos pone en consonancia con la planificación nacional y las dinámicas del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)», argumentó Oviedo, quien detalló que el Palacio de las Heras tiene un plazo de entre 10 y 15 días hábiles para convalidar el texto o formular objeciones en base a la Ley de Educación Superior antes de su publicación en el Boletín Oficial.

La polémica por la «foja cero» y el quiebre con el espacio Gesto

El principal foco de conflicto y sospecha por parte de las agrupaciones opositoras radica en el régimen de transición normativa. Al modificarse las condiciones del Estatuto vigente desde 2017, la interpretación jurídica del oficialismo establece que los plazos de inhabilitación vigentes caducan y el contador de reelecciones regresa de manera efectiva a «foja cero». De este modo, la actual fórmula que encabezan la rectora Natalia Albarez Gómez y el propio Oviedo —cuyo mandato vence en diciembre de 2027— quedaría plenamente habilitada para competir en el nuevo turno electoral de cuatro años.

«Decir que buscamos perpetuarnos es una falacia total. Nosotros cumplimos mandato en 2027 y el año que viene nos pondremos a consideración de las bases. Si la comunidad universitaria nos avala por el trabajo realizado, se iniciará un periodo de cuatro años bajo la nueva normativa, como ocurre en Córdoba, Cuyo o Tucumán.»

La jugada expuso las fisuras del armado de centroderecha de la universidad. Desde el bloque opositor Gesto, que conduce la licenciada Mercedes Cáceres, cuestionaron severamente que la reforma borre los antecedentes electorales vigentes. Oviedo cruzó con dureza a Cáceres, acusándola de inconsistencia política: «Me sorprenden sus declaraciones. Su espacio tuvo dos representantes en la comisión redactora ad-hoc (la decana de Humanidades y el representante de graduados) que votaron de manera positiva los dictámenes en comisión y en el Consejo Superior, y después en la Asamblea votaron en negativo. Deberían hacer un análisis puertas adentro para ver para dónde quieren ir», chicaneó el vicerrector.

Negociaciones por el reglamento estudiantil y el filtro de Capital Humano

Buscando neutralizar la resistencia estudiantil en los pasillos de la ciudad universitaria, el oficialismo ratificó que el nuevo texto respeta a rajatabla el piso del 30% de representatividad para el estamento de los estudiantes en los órganos de gobierno, una de las conquistas históricas tras la histórica toma de la Unlar en 2013 que eyectó a Enrique Tello Roldán.

Ante la circulación de contenidos en redes sociales donde alumnos manifestaban su total desconocimiento del nuevo articulado, Oviedo minimizó las críticas al asegurar que se trataba de «reels con preguntas capciosas motorizados por la oposición». No obstante, reconoció que el rectorado se vio forzado a abrir mesas de negociación simultáneas para avanzar en la actualización del Reglamento de Alumnos (vigente desde 2003) y el régimen de adscripciones docentes, dos demandas sensibles de las agrupaciones estudiantiles.

En los despachos del rectorado confían en que el filtro técnico que aplicará el área de Educación del mega-ministerio que conduce Sandra Pettovello no trabará la vigencia global de la reforma. Según la lectura de los asesores legales de la Unlar, en caso de que la Nación observe algún artículo específico por colisionar con la Ley de Educación Superior, el Estatuto se publicará de todas formas en el Boletín Oficial dejando los casilleros objetados bajo «reserva de readecuación», lo que le otorgará a la conducción un amplio margen de maniobra para diagramar el calendario electoral del próximo año.