El proyecto enviado a la Legislatura prevé el nacimiento de un tribunal autárquico y un juzgado especializado por diez años; la oposición libertaria denuncia un intento de «colonizar la Justicia» para garantizar «impunidad».
LA RIOJA.– El gobernador riojano, Ricardo Quintela, aceleró el debate institucional y activó la holgada mayoría de la que goza en la Legislatura provincial para avanzar con una reforma de la estructura judicial vinculada a los comicios. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no altera el sistema de votación vigente, sino que introduce un cambio estructural: la creación de un fuero judicial especializado en materia electoral, un engranaje institucional que hasta ahora no existía en la provincia del Norte Grande.
La iniciativa oficialista contempla una estructura dual. Por un lado, se constituirá un Tribunal Electoral permanente y con autarquía financiera, cuyos miembros rotarán cada cuatro años. Por el otro, se creará un Juzgado Electoral, a cargo de un magistrado que ostentará rango de camarista y cuyo mandato se extenderá por diez años.
Salvo modificaciones de último momento introducidas por el propio peronismo, el proyecto se convertirá en ley sin mayores contratiempos en el recinto que preside la vicegobernadora, Teresita Madera. El bloque Justicialista controla 30 de los 36 escaños de la Cámara única, a los que se suma un aliado estratégico del bloque Fuerza Patria, lo que garantiza una mayoría automática frente a una oposición fragmentada y en franca minoría.
El rechazo de la oposición
Pese a la disparidad de fuerzas en la Legislatura—donde la Unión Cívica Radical (UCR) cuenta con una sola banca y La Libertad Avanza (LLA) coordina un bloque de cuatro legisladores—, la tropa libertaria salió al cruce de la reforma y cuestionó tanto el gasto político como el trasfondo de la medida.
“Pretenden crear un nuevo juzgado para hacer lo que tranquilamente podría resolver una secretaría: otorgar personerías político-partidarias”, denunció el diputado provincial Diego Molina Gómez (LLA) a través de sus redes sociales. El legislador fue más allá y calificó el proyecto como una maniobra institucional del oficialismo: “Activaron el operativo para colonizar la Justicia, buscando impunidad y estabilidad laboral para los propios”.
Las claves del nuevo tribunal y el control del padrón
El corazón de la reforma radica en las amplias facultades que se le otorgarán al flamante Tribunal Electoral. El cuerpo funcionará dentro de la órbita del Poder Judicial, pero con autonomía funcional. Su composición se definirá por sorteo entre magistrados en funciones: la presidencia quedará en manos de un integrante del Tribunal Superior de Justicia, quien estará acompañado por un juez de Cámara y un miembro del Ministerio Público de la Defensa.
Este tribunal tendrá bajo su control absoluto el negocio y la logística de los comicios: desde el diseño del cronograma electoral y la confección del padrón provincial hasta el escrutinio definitivo y la resolución de impugnaciones a las candidaturas. Además, dictará su propio presupuesto y administrará la caja del fuero.
Para la gestión del día a día, el Juzgado Electoral propuesto intervendrá directamente en la vida interna de las fuerzas políticas, fiscalizando la conformación de alianzas, las elecciones internas y auditando los ejercicios patrimoniales y balances de los partidos.
El cerrojo institucional
La designación del nuevo juez electoral por diez años encendió las alarmas opositoras debido al blindaje del que dispone el quintelismo en los órganos de selección. El nombramiento requiere el aval de dos tercios de la Legislatura, una cifra que el PJ supera con holgura.
Sin embargo, el filtro principal se activará previamente en el Consejo de la Magistratura local, encargado de sustanciar el concurso y elevar la terna de candidatos. De las nueve sillas que componen el organismo ejecutor, el peronismo maneja de forma directa al menos cuatro (dos representantes del Ejecutivo y dos de la bancada mayoritaria), un número que le otorga poder de veto automático en las deliberaciones y le asegura el control final sobre el futuro custodio de las urnas riojanas.