El gobernador descarta la reelección que le habilita la nueva Constitución y apunta a liderar la oposición nacional; la avanzada sobre la Justicia con alfiles propios desata un profundo malestar en la dirigencia tradicional.
El proceso de transición política en La Rioja comenzó a configurarse bajo las estrictas condiciones de su principal armador. A pesar de que la reciente reforma constitucional le habilitaría la posibilidad técnica de aspirar a un nuevo mandato, el gobernador Ricardo Quintela ha transmitido en la intimidad de su mesa chica que no tiene intenciones de «tirar más de la cuerda» a nivel local. Su ambición política mudó de escala: aspira a consolidarse como un jugador de peso en el tablero nacional del Partido Justicialista (PJ) y erigirse como un referente central de la oposición a Javier Milei de cara a los próximos turnos electorales.
Sin embargo, el repliegue nacional de Quintela no implica una pérdida de control sobre su territorio. El mandatario provincial ha diseñado una estrategia de poder orientada a que el «quintelismo» mantenga las riendas del Ejecutivo riojano, bajo la premisa de que este es el turno de su sector y que el proyecto debe prolongarse por las próximas dos décadas.
El malestar de la dirigencia tradicional y el antecedente Pedrali
Esta ingeniería sucesoria encendió las alarmas y desató un soterrado malestar en la dirigencia tradicional del peronismo riojano. Figuras como la senadora Florencia López, el senador Fernando Rejal, así como un nutrido grupo de intendentes y diputados provinciales, asisten con resignación a un escenario donde se han quedado sin recursos financieros propios para disputarle el poder a la estructura familiar del gobernador.
En los pasillos del PJ local se compara la actual coyuntura con la maniobra electoral que ungió a Gabriela Pedrali como diputada nacional. En aquella oportunidad, pese a la resistencia pasiva de la dirigencia que evitó buscarle votos de manera activa, la postulación terminó imponiéndose por un estrecho margen frente a Gino Visconti, el candidato de La Libertad Avanza. La lección de aquel antecedente es la que hoy asimila el peronismo periférico: la estructura estatal puede prescindir del entusiasmo de los caudillos territoriales.
El copamiento de la Justicia: los cambios que se avecinan
Quienes habitan la residencia oficial justifican la centralización absoluta del poder bajo el argumento de que, históricamente, su sector operó como «convidado de piedra» en las anteriores transiciones justicialistas. Decididos a no ceder espacio, la estrategia del quintelismo contempla un blindaje que abarca de lleno al Poder Judicial.
En el ámbito tribunalicio ya se da por descontada una fuerte renovación de nombres clave a través de designaciones directas. El actual ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Miguel Zárate, asoma como el elegido para ocupar la estratégica jefatura del Ministerio Público Fiscal en reemplazo del fiscal general Javier Vallejos. En sintonía, el jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, orienta sus movimientos políticos para coronar su trayectoria pública en el máximo tribunal de la provincia, emulando la carrera de su padre al aspirar a una vocalía en el Tribunal Superior de Justicia.
Con la mayoría de los cargos institucionales cubiertos por hombres de estricta confianza del gobernador, la dirigencia peronista tradicional advierte que sus márgenes de negociación han quedado reducidos al mínimo. Por el momento, el cronograma electoral prevé comicios unificados con el calendario nacional y bajo el sistema de votación tradicional, descartando la Ley de Lemas. No obstante, en el entorno de Quintela reconocen de manera pragmática una máxima de la política riojana: la ingeniería electoral y las reglas de juego siempre pueden modificarse cuando las últimas encuestas comiencen a dictar sus veredictos.