La suspensión de aumentos en los servicios públicos vence el 31 de agosto y en la Casa de las Tejas analizan si extienden la medida. Mantenerla implica seguir presionando las cuentas de las empresas provinciales; levantarla podría licuar parte de la recomposición salarial anunciada este mes.

Después de anunciar una recomposición salarial para los empleados públicos, el gobierno de Ricardo Quintela quedó frente a una de las decisiones económicas más sensibles del segundo semestre: resolver si mantiene el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos provinciales o habilita una actualización a partir de septiembre.

La medida, vigente desde mayo y con vencimiento el próximo 31 de agosto, congeló los valores de la energía eléctrica, el agua, internet y otros servicios administrados por empresas y organismos provinciales con el objetivo de amortiguar el impacto de la inflación sobre el ingreso de las familias riojanas.

Ahora, con la fecha límite cada vez más cerca, en la Casa de las Tejas comenzó la evaluación de los costos económicos y políticos de cualquiera de las dos alternativas.

La particularidad del esquema aplicado durante estos meses fue que el congelamiento no estuvo acompañado por subsidios extraordinarios de la Provincia. El esfuerzo financiero fue absorbido por las propias empresas prestatarias, que resignaron ingresos para mantener sin cambios las tarifas.

Ese mecanismo permitió contener el impacto sobre los usuarios, pero también deterioró la ecuación económica de las empresas públicas, que deberán recuperar parte de esos recursos si finalmente se autoriza una actualización tarifaria.

La discusión adquiere mayor relevancia porque se produce apenas semanas después de que el Ejecutivo anunciara un incremento salarial de alrededor del 15% para los trabajadores estatales, elevando el piso salarial a $825.000, con una parte de la mejora abonada mediante los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE).

En el Gobierno admiten que una suba de tarifas inmediatamente después de ese anuncio podría reducir parte del efecto positivo que buscó generar la recomposición salarial sobre el poder adquisitivo de los empleados públicos.

Pero mantener el congelamiento también tiene costos.

Las empresas provinciales vienen absorbiendo desde mayo el impacto de la decisión y advierten que prolongar ese esquema sin mecanismos de compensación podría afectar su capacidad financiera para sostener inversiones, mantenimiento y prestación de los servicios.

Por eso, el debate ya no es únicamente económico.

También tiene una fuerte dimensión política.

La definición llegará cuando el oficialismo comience a delinear la estrategia con vistas al calendario electoral de 2027 y en un escenario donde el bolsillo de los consumidores seguirá siendo una de las principales variables de la discusión pública.

En ese contexto, Quintela deberá equilibrar dos objetivos difíciles de compatibilizar: preservar el poder adquisitivo de los hogares o recomponer la situación financiera de las empresas estatales que sostuvieron el congelamiento durante cuatro meses.

La resolución todavía no tiene fecha, pero en la administración provincial reconocen que será una de las decisiones económicas de mayor impacto antes de finalizar agosto, ya que definirá si la política de contención tarifaria continúa o si comienza una etapa de actualización de los servicios públicos.