El Gobierno riojano sostiene que la delimitación fijada en 1968 durante un gobierno de facto carece de firmeza jurídica y busca reabrir el debate en el Congreso y, eventualmente, en la Justicia. San Juan rechaza la existencia de un conflicto y sostiene que los límites fueron ratificados por la legislación nacional.

El histórico diferendo limítrofe entre La Rioja y San Juan volvió a escalar luego de que el Gobierno riojano ratificara su reclamo sobre una superficie de 2.651 kilómetros cuadrados que considera cedida de manera irregular durante la última dictadura militar. La controversia involucra un área de alto valor estratégico por su potencial minero y turístico, en un contexto en el que ambas provincias impulsan agendas de desarrollo diferentes para la región cordillerana.

La posición oficial de La Rioja fue expuesta por el asesor General de la Gobernación, Pedro Goyochea, quien sostuvo que el planteo «no constituye una confrontación con el pueblo sanjuanino», sino un reclamo institucional para revisar la validez del acuerdo de límites firmado en 1968.

Según explicó, el eje del planteo radica en que la delimitación territorial no habría sido ratificada por el Congreso de la Nación, órgano al que la Constitución le atribuye la competencia para fijar los límites entre provincias. En esa línea, señaló que un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2024 dejó planteado que la norma invocada por San Juan carecería de la ratificación legislativa necesaria.

Con ese argumento, el Gobierno riojano buscará impulsar un nuevo tratamiento parlamentario de la cuestión y no descarta promover acciones judiciales para que el máximo tribunal se pronuncie sobre la constitucionalidad del decreto-ley de 1968, aunque reconoce que la decisión definitiva sobre la delimitación territorial corresponde al Congreso.

Para la administración de Ricardo Quintela, el territorio en discusión representa 2.651 kilómetros cuadrados que fueron incorporados a San Juan a partir de un acuerdo celebrado durante un gobierno de facto y cuya validez considera cuestionable.

La respuesta de San Juan

La reacción del Gobierno sanjuanino fue inmediata. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, aseguró que «actualmente no hay ningún conflicto con La Rioja» y rechazó la posibilidad de reabrir el debate sobre los límites provinciales.

Según sostuvo, la delimitación vigente fue consolidada mediante una ley nacional que ratificó el acuerdo de 1968 y posteriormente fue reafirmada por distintos actos jurídicos, por lo que considera que la cuestión quedó definitivamente resuelta.

El funcionario recordó además que la propia Corte Suprema estableció que la fijación de límites interprovinciales es una atribución exclusiva del Congreso y afirmó que, mientras las normas permanezcan vigentes, deben ser respetadas.

Dávila advirtió también que revisar ese antecedente podría abrir una discusión sobre otras delimitaciones provinciales definidas durante gobiernos de facto, con consecuencias institucionales que excederían el conflicto entre La Rioja y San Juan.

El trasfondo económico

La disputa adquiere una dimensión adicional por el valor económico del área reclamada. En la zona existen proyectos vinculados a la actividad minera, además de sectores con potencial turístico en la cordillera.

Sobre ese punto, el fiscal sanjuanino fue categórico al descartar cualquier discusión sobre regalías o jurisdicción sobre los recursos naturales.

«Lo que está dentro de los límites de San Juan será para San Juan. La autoridad de aplicación en estos proyectos mineros es el Ministerio de Minería de San Juan; los recursos naturales están dentro de la provincia de San Juan y son para San Juan sus regalías. Así lo establece la Constitución Nacional», afirmó.

Un conflicto con antecedentes

El diferendo limítrofe entre ambas provincias tiene décadas de historia, pero volvió a ocupar un lugar central en la agenda política luego de que La Rioja sancionara este año una ley en rechazo a los límites establecidos durante la dictadura y anticipara una estrategia política y judicial para intentar modificar la situación actual.

Mientras el Gobierno riojano insiste en que existen fundamentos constitucionales para revisar la delimitación territorial y reclama una discusión institucional «con madurez», San Juan sostiene que el caso está jurídicamente cerrado y que no existen motivos para reabrir un debate que considera definitivamente resuelto.

El conflicto vuelve así a combinar argumentos históricos, constitucionales y económicos en una discusión que podría trasladarse nuevamente al Congreso de la Nación y, eventualmente, a la Corte Suprema.