Luis Orquera, jefe comunal de General Lamadrid, reclamó que el desarrollo minero beneficie primero a los departamentos donde están los yacimientos. Pidió prioridad para el empleo local y los proveedores riojanos, y volvió a exigir un acuerdo con la minera Vicuña.

Mientras el gobierno de Ricardo Quintela acelera su estrategia para posicionar a La Rioja como un nuevo actor de la minería metalífera, comenzaron a aparecer las primeras demandas desde los departamentos donde se concentran los principales proyectos.

El intendente de General Lamadrid, Luis Orquera, reclamó que el desarrollo minero tenga un impacto directo sobre las comunidades del oeste riojano y advirtió que la actividad perderá legitimidad si no genera empleo y desarrollo para los habitantes de la región.

«El impacto económico de la minería tiene que darse en los departamentos donde están los recursos», afirmó el jefe comunal, alineado con la política minera que impulsa la administración provincial.

La definición llega mientras Quintela intenta avanzar con la apertura social de los proyectos exploratorios y fortalecer la presencia de Kallpa SAPEM en las áreas con mayor potencial de cobre y litio.

Para Orquera, el desafío ya no pasa únicamente por habilitar la actividad, sino por garantizar que los beneficios económicos permanezcan en el territorio.

«El proyecto provincial es ambicioso y coincidimos con la decisión de que en La Rioja se trabaje la minería. En nuestra región está la mayor cantidad de proyectos», sostuvo.

El intendente aseguró que General Lamadrid viene preparándose desde hace dos años para ese escenario y explicó que el municipio priorizó programas de capacitación destinados a formar mano de obra especializada.

«La prioridad es el empleo de la gente y la segunda prioridad son los proveedores. Hace dos años que venimos trabajando para que cuando llegue la minería en serio nuestra gente esté capacitada», señaló.

Orquera también dejó una definición que sintetiza la expectativa de buena parte del oeste riojano.

«La salida y la transformación de la provincia es con la minería, para que la gente pueda vivir mucho mejor. Debemos prepararnos», afirmó.

Pero el planteo más directo estuvo vinculado al proyecto Vicuña, uno de los mayores desarrollos cupríferos del país, ubicado en San Juan sobre el límite con La Rioja.

Desde hace tiempo, los departamentos riojanos vecinos reclaman participar del movimiento económico que genera la operación, argumentando que gran parte de la logística utiliza infraestructura vial de la provincia sin dejar beneficios equivalentes.

«El conflicto con Vicuña nos permitió acercar las partes. Nuestro pedido es trabajo para la gente. Usan nuestros caminos y no nos dejan nada», cuestionó el intendente.

Según Orquera, el crecimiento previsto para el emprendimiento obliga a comenzar desde ahora una negociación que permita incorporar trabajadores y empresas riojanas a la cadena de valor.

«Vicuña es la empresa minera más importante de Argentina. En 2030 va a tener alrededor de 12.000 personas trabajando y ahí veremos el verdadero impacto», sostuvo.

El planteo del jefe comunal coincide con una discusión que empieza a instalarse dentro del propio oficialismo riojano: cómo garantizar que la minería no reproduzca un esquema de enclaves productivos donde la riqueza sale del territorio sin generar un efecto multiplicador sobre las economías locales.

Con esa lógica, los intendentes del oeste comenzaron a reclamar que la agenda minera no se limite a la exploración de los recursos, sino que incluya compromisos concretos en materia de empleo, capacitación, infraestructura y desarrollo de proveedores.

La discusión aparece en un momento clave para la estrategia de Quintela, que busca convertir a la minería en uno de los pilares del desarrollo económico provincial. El desafío político será demostrar que ese proceso puede traducirse en beneficios tangibles para las comunidades donde se encuentran los principales yacimientos y evitar que la expectativa inicial derive en nuevos conflictos territoriales.