La Unión Cívica Radical anunció que presentará un amparo colectivo contra los aumentos registrados en las facturas de EDELAR, mientras la distribuidora atribuyó las subas al costo mayorista de la energía y negó haber modificado la tarifa provincial desde abril.

Claves de la noticia

• La diputada provincial Gabriela Rodríguez anticipó una acción colectiva para pedir la revisión de las facturas.
• EDELAR rechazó denuncias sobre incrementos de hasta 300% y sostuvo que la tarifa provincial no cambia desde abril.
• La empresa explicó que el monto final incluye energía mayorista, distribución e impuestos.
• La Legislatura retomará su actividad el 13 de agosto, según informó la legisladora radical.

El conflicto por las boletas eléctricas sumará un capítulo judicial en La Rioja. La diputada provincial de la UCR Gabriela Rodríguez anunció que su partido impulsará un amparo colectivo contra los aumentos aplicados en las facturas de EDELAR, con el objetivo de representar a los usuarios y reclamar una revisión de los montos.

El anuncio abre una disputa sobre el origen de las subas. La oposición responsabiliza a la distribuidora por el impacto sobre hogares y comercios, mientras la empresa sostiene que no hubo una decisión tarifaria provincial y que el componente de mayor peso proviene del mercado eléctrico nacional.

La respuesta de la distribuidora

El representante legal de EDELAR, Ricardo Ruarte, negó que la empresa haya aplicado un “tarifazo” y afirmó que la tarifa provincial no se modifica desde abril. Según explicó, las variaciones dependen del precio de la energía adquirida a CAMMESA, del consumo registrado, de los costos de distribución y de los impuestos incluidos en la factura.

“Desde abril la tarifa provincial no se modifica”, sostuvo Ruarte al responder los cuestionamientos públicos. Ricardo Ruarte, representante legal de EDELAR

La compañía indicó además que los usuarios pueden solicitar la revisión individual de sus boletas mediante los canales de atención. El cuadro tarifario publicado por EDELAR para abril de 2026 constituye la referencia documental disponible para analizar los componentes provinciales del servicio.

Un debate que llegará a la agenda política

Rodríguez vinculó la presentación judicial con la necesidad de ofrecer una herramienta colectiva frente a aumentos que, según denuncias recibidas por la oposición, resultan difíciles de afrontar. La legisladora también confirmó que la Cámara de Diputados retomará su actividad el 13 de agosto, luego del receso.

La discusión combina tres niveles: la política nacional de subsidios y precios mayoristas, la regulación provincial de la distribución y el control sobre la medición y facturación de cada usuario. La definición judicial dependerá de la presentación concreta, la documentación aportada y la respuesta de la empresa y de los organismos reguladores.